Reos del penal de San Miguel en Puebla gozaban de lujos como «suites», gimnasios, quioscos y restaurantes, los cuales comenzaron a ser derribados por orden del Gobierno estatal.
EL PUEBLITO
En el patio del penal, a través de los años, fueron construidos 104 cuartos privados que contaban con luz eléctrica, baño propio y otras amenidades de las que disfrutaban algunos reos.
Algunos eran usados como recámaras, pero también había restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, informó en el Gobierno de Puebla.
Además, fueron destruidos dos gimnasios y dos quiscos.
Para quienes permitieron su operación en administraciones pasadas, los 104 cuartos generaron ganancias estimadas en al menos 3 millones de pesos semanales».Gobierno de Puebla
LA HISTORIA DE LA ALDEA
Desde el 2017, durante la administración del panista José Antonio Gali Fayad, medios locales ya registraban la existencia de lo que llamaron “casitas del amor”.
En aquel año, el director general de Ceresos en Puebla, Ignacio Molina González, dijo que éstas existen desde los años 80.
Dijo también que algunos reos tenían la concesión de estos espacios y que realizaban “acuerdos” o “intercambios” con otros presos por utilizarlas.
“Actualmente, las casitas se encuentran reguladas como un espacio que se ha improvisado por la densidad poblacional del penal. Es un área adaptada donde los reos pueden recibir a sus familias o su pareja, lamentablemente a veces sostienen relaciones íntimas ahí”, comentó el ex mando.
El actual Gobernador, Miguel Barbosa, aseguró este 13 de julio en conferencia que desde su arribo al cargo, en agosto de 2019, solicitó la remoción del “pueblito”.
Sin embargo, admitió, fue engañado con su destrucción por sus ex Secretarios de Seguridad Pública.
LAS ÉPOCAS DE LUJO
Los reos con mayor poder tenían en sus recámaras televisiones de hasta de 55 pulgadas, X-Box, frigobar, aire acondicionado y baños privados con agua caliente.
Algunos reos compartían en sus redes sociales fotografías de sus espacios y capturas de sus videollamadas con sus familiares. Esto era posible debido a que al interior del “pueblito” se vendían y rentaban equipos móviles.
Los presos debían generar ingresos para pagar su estadía en las “suites”, que costaban alrededor de 10 a 15 mil pesos mensuales, a través de delitos como extorsión y fraude, de acuerdo con reportes locales.
Además, había venta de alcohol, drogas, entrada libre a sexoservidoras, fiestas y billar.
