La violencia obstétrica, como aquella que es ejercida por personal de salud hacia las mujeres embarazadas o en labor de parto, debe ser entendida como reflejo de las deficiencias del sistema de salud, aseguraron expertas.
Aunque entre 2015 y 2020 se registraron 58 quejas sobre este tipo de violencia ante comisiones locales de derechos humanos en la Ciudad de México, sólo cuatro recomendaciones fueron emitidas.
Lo anterior de acuerdo con el informe “Justicia Olvidada. Violencia e Impunidad en la Salud Reproductiva”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Impunidad Cero.
Rebeca Ramos, directora ejecutiva del GIRE, aseguró que es preocupante el que algunos estados hayan decidido atender la impunidad de estos casos desde el derecho penal y con una visión punitivista.
“Esta problemática obedece no necesariamente a la acción de una persona en lo particular, de un servidor público de la salud, de una doctora, de una enfermera que decide maltratar a una mujer durante el parto, sino que tiene una causa en cuestiones estructurales, en deficiencias del sistema nacional de salud”, explicó.
Julieta Yesenia vivió este tipo de violencia cuando acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, perteneciente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuando se encontraba en labor de parto.
“La anestesióloga me aplicó la anestesia como cuatro veces y yo seguía sintiendo, me jaloneó, me dijo que me iba a dormir completa.
Cuando desperté no me dijeron nada de mi bebé. Estuve día y medio sin verla. Cada enfermera que me iba a tomar signos y todo le preguntaba por mi bebé, que cómo había nacido y no me sabían decir nada”, recordó.
Ramos indicó que, frente a la violencia obstétrica, existen otras maneras de acceder a la justicia, como lo es la reparación integral del daño y el acceso a la verdad.
“Hay una parte muy importante que tiene que ver con qué pasó, este derecho a la verdad. Un tema de satisfacción en términos de obtener disculpas por parte de las instituciones de salud. La posibilidad de obtener compensaciones por el daño moral y el daño material. Atenciones médicas posteriores a los hechos”, agregó.
La directora del GIRE asegura que desde el punitivismo no existe una garantía para la no repetición, por ser una medida que no ataca la raíz de la violencia obstétrica.
“Hay una parte muy sentida de las mujeres en donde dicen “esto por lo que yo pasé no quiero que otra persona lo pase”, asegura.
