Por Pascal Beltrán del Río
Cuando la ley, siempre sí, es la ley
El martes 19 por la tarde –exactamente una semana después de la reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden–, se filtró la información de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) solicitaría consultas a México para resolver controversias, en el marco del T-MEC, sobre la política energética del gobierno mexicano.
A juicio de Katherine Tai, titular de la USTR, dichas políticas “afectan los intereses económicos estadunidenses en múltiples sectores y desincentivan la inversión por parte de proveedores de energías limpias”, al tiempo que “reinstalan la primacía” de la CFE y de Pemex.
La solicitud de consultas, que se formalizó ayer por la mañana y a la que se sumó rápidamente Canadá, representa la mayor controversia que ha enfrentado México desde que se creó la zona de libre comercio de América del Norte en 1994 y podría tener efectos muy costosos en caso de que los procesos de intermediación no le den la razón. A diferencia de la batalla comercial sobre el azúcar y la fructosa (2014-2017), que fue detonada por particulares, ésta es una diferencia entre Estados.
De acuerdo con los términos establecidos en el capítulo 31 del T-MEC, las partes deberán reunirse en un lapso de 30 días y tendrán 45 días adicionales para llegar a un acuerdo sobre las controversias presentadas. Con ese fin pueden recurrir a buenos oficios, conciliación y mediación. De no resolverse el tema, pasados 75 días de la notificación para realizar consultas –esto es, a más tardar el 3 de octubre–, alguna de las partes puede pedir la creación de un panel de controversias. Este mecanismo se integra por jueces propuestos con anterioridad por los tres países miembros del T-MEC, a razón de diez cada uno, que ya han sido avalados por todos y sujetos a un código de conducta.
Después de que se decide establecer el panel, hay 15 días para elegir a su presidente, lapso que, en caso de disputa, puede prolongarse 10 días más, es decir, al 28 de octubre. Durante los siguientes 15 días, deberán seleccionarse los otros cuatro panelistas, y hay otro plazo de 15 días para impugnar la designación de cualquiera de los jueces.
Todo eso podría ocurrir en noviembre, cuando EU celebra elecciones intermedias y el gobernante Partido Demócrata enfrenta una dura prueba en las urnas, además, deberá llevarse a cabo la cumbre de líderes de América del Norte en la CDMX.
El panel tendrá 150 días para deliberar y emitir un reporte final. Las conclusiones –que pueden implicar la eliminación del motivo de la controversia o una compensación– tendrán que ponerse en práctica en los siguientes 45 días.
Si no hay retrasos mayores en el proceso descrito, las conclusiones podrían conocerse muy cerca de la fecha de las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila.
No cabe duda que habrá mucha política en este proceso. El gobierno de Biden lo aprovechará para refutar las críticas de la oposición republicana, mientras que el de López Obrador lo usará para ventilar una retórica antiestadunidense en busca del apoyo popular. El respaldo de Ottawa a la postura de Washington le vendrá mal a López Obrador, que desde ayer trató de pintar la solicitud de consultas como efecto de un lobby de empresas mexicanas y la presión de grupos conservadores estadunidenses.
En realidad se trata de una decisión largamente anunciada por la USTR –una agencia que responde directamente al Presidente de Estados Unidos–, ante lo que se percibe allá como una política energética nacionalista, ventajosa e ideológica para favorecer a la CFE y a Pemex, y contraria al libre comercio.
Ayer, el Presidente desestimó los efectos de la acción estadunidense y canadiense al ordenar que amenizaran su conferencia en Palacio Nacional con la canción Uy qué miedo, de Chico Che. Pero esta disputa no se va a resolver, como otras, con retórica y chascarrillos en la mañanera. Lo pudo haber hablado en Washington –donde, según él, le fue muy bien con Biden la semana pasada–, pero ahora el problema está en el terreno legal. Y a los socios comerciales y, eventualmente, a los jueces del T-MEC, no hay manera de advertirles que no le vayan a salir con que la ley es la ley.
