Por Yuriria Sierra
¿Seguridad nacional?
Los amparos fueron otorgados hace tres meses, definitivos y temporales, llegaron pese a las advertencias del gobierno de México de que nada frenaría los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, una de las obras insignias de esta administración. Tras varios días de protesta de parte de activistas y descalificaciones que llegaron en respuesta desde Palacio Nacional, finalmente un juez encontró sentido en la solicitud de los grupos ambientalistas que apoyaron la causa de habitantes de la zona afectada: cuánta destrucción y riesgo traería para el ecosistema un proyecto para el que hubo siempre dudas sobre su viabilidad. El suelo cárstico en peligro, una de las pocas posibilidades frente al desabasto de agua con los días contados, porque a la Cuarta Transformación no hay nada que frene sus planes, menos cuando se trata de los que aseguran eventos e inauguraciones faraónicas.
Así pasaron varias semanas. Finalmente, de nuevo las alertas: regresaron los trabajadores y se encendió de nuevo la maquinaria en las obras del tramo 5. Protestas de activistas, silencio de las autoridades. Silencio que se rompió este lunes, a pregunta expresa a Javier May, director de Fonatur: “Es un tema de seguridad nacional, hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública…”, respondió. Ayer por la mañana, Andrés Manuel López Obrador confirmó ante las dudas sobre las razones del por qué una obra de infraestructura fue declarada como un asunto de seguridad nacional. Lejano a como se define en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente justificó esta decisión más en dirección al panfleto y la descalificación: “Alguien hablaba del Tren Maya, ya que tocan el tema, ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional. Y que no por los intereses de un grupo de corruptos y pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo…”.
Y con esto, el gobierno de México busca zanjar el asunto y llevar a término esta obra. No podría perderse un eventazo como el que se organizó para inaugurar el AIFA, que sigue sin emprender el vuelo, o la refinería Dos Bocas, que sigue sin producir su primer barril de combustible.
Qué fácil para López Obrador tomar estas decisiones en los temas que le interesan. En el portal del gobierno de México, definen a la seguridad nacional como “una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera…”, incluso hacen referencia a la Ley de Seguridad Nacional, que en el Art. 3 define las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del país: dar protección al país frente a riesgos y amenazas; preservar soberanía e independencia y defensa del territorio; mantener el orden constitucional, unidad de la federación e instituciones democráticas de gobierno; defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional; y preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.
En éste último seguramente estará sustentada la declaratoria, aunque sin mayor detalle de parte de quienes se proclaman ejemplos de transparencia, es difícil confirmarlo. Sin embargo, en la misma definición que se hace de la seguridad nacional, se agrega: “Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de defensa exterior, cuya preservación corresponde al Presidente de la República…”. Y con el país incendiado un día sí y el otro también, apenas el fin de semana se registraron 205 asesinatos, aquello de “no me digan que la ley es la ley” se pone en práctica otra vez. El Tren Maya sí es un tema que debe blindar el Estado, la inseguridad no.
