Por Mario Luis Fuentes
Todo tiempo, en tanto que siempre es nuevo, es, por definición, inédito. Sin embargo, es válido utilizar el término para describir situaciones extraordinarias y que rebasan la capacidad explicativa con base en las herramientas conceptuales de que se dispone.
Ése parece ser el caso mexicano. Y hay datos suficientes para argumentarlo: 1) casi tres millones de personas fallecidas en tres años. Es algo que nunca había ocurrido en el país; ni considerado en cifras absolutas ni relativas en relación con la magnitud demográfica del país. Tres millones de muertes es una cifra que debemos grabar en la memoria y repetirnos una y otra vez que es algo que no debe ocurrir nunca más.
De acuerdo con la trayectoria de la información oficial, aun cuando en los siguientes dos años se redujera a la mitad el número de homicidios dolosos (lo cual se percibe como francamente imposible dadas las condiciones actuales), esta será la administración con el mayor número de asesinatos y el mayor número de feminicidios de la historia. En tanto que es un hecho, debemos ser capaces de extraerlo del debate ideológico y partidista y reflexionar seriamente qué implica para una sociedad como la nuestra tanta violencia, tantas víctimas, tanta indolencia y tanta incapacidad institucional para frenar la mortandad provocada por los criminales.
De acuerdo con la información disponible, entre 2015 y 2018 se tiene un registro de 149,160 víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual de las personas; en contraste, entre enero de 2019 y el primer semestre de 2022 (es decir, se comparan tres años y medio de la actual administración frente a cuatro completos de la anterior) se tiene un registro de 224,314 víctimas de esos delitos, es decir, ya un 50% más. Con lo que se puede sostener que, pase lo que pase, esta será también la administración con mayor violencia sexual registrada en la historia del país.
En materia de delitos contra las familias, entre enero de 2019 y junio de 2022 se tiene un registro de 946,396 carpetas de investigación en esa materia; mientras que de 2015 a 2018, el dato fue de 776,924, lo que implica un incremento de prácticamente 22% entre ambos periodos, considerando que solo en el primer semestre de 2022 se llegó a casi la totalidad de la suma registrada en 2016.
Lo anterior obliga a preguntarnos, todas y todos, en qué medida y en qué dimensiones y magnitudes, está impactando este conjunto de realidades que interactúan y se determinan mutuamente, en las vulnerabilidades que enfrentamos; recuérdese que la vulnerabilidad es una condición en la que, independientemente de las condiciones socioeconómicas, las personas están expuestas a sufrir un daño o a vivir la desprotección o la injusticia ante los mismos.
Si algo crece en contextos como el que aquí se describen es la desprotección ante la adversidad. Y, con ello, también la percepción de que, ante las amenazas y riesgos, no tenemos un aparato institucional capaz de garantizarnos protección y asistencia.
Y en esto el titular del Poder Ejecutivo sí tiene una responsabilidad mayor. Porque ante los datos no ha tenido siquiera la intención de revisar sus posturas. Recientemente reiteró que los feminicidios tienen su origen en el “proceso de ultraindividualización” del periodo neoliberal. Pero él supone que en su gobierno ya no opera ese proceso; pero en su administración las cosas han llegado a los niveles ya mencionados y que son inéditos en magnitud y profundidad.
Lo propio de un jefe de Estado sería, con base en la evidencia, tener la capacidad de revisar sus tesis y diagnósticos; porque en estos casos hay un evidente dislocamiento entre la narrativa y la realidad y, en esa medida, lo deseable es que, de forma urgente, se separe la propaganda política de las decisiones de gobierno, porque no será ético posponer, por razones ideológicas y electorales, la respuesta ante el dolor y el clamor de las víctimas.
