La jueza federal Marcela Elizabeth García Cante abrió la puerta de la cárcel para que dos presuntos criminales que fabricaron narco-drones para el cártel de José Antonio Yépez, «El Marro», queden libres.
García Cante consideró ilegal una inspección de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) en la casa de seguridad de los presuntos criminales donde fueron descubiertos distintos explosivos, entre ellos C-4, potente sustancia de uso bélico usada por el grupo de «El Marro» y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para quienes también trabajaban.
Los drones adaptados con C-4 pretendían ser usados para atacar la Fiscalía de Guanajuato y atentar contra su titular, Carlos Zamarripa.
Áreas de inteligencia federal habían desarrollado una investigación que los llevó el 24 de abril de 2020 a un domicilio en San Pedro Cholula, Puebla, donde según la acusación, los jóvenes Diego Jiménez Martínez y Rogelio Juan Luna Villa adaptaban los drones.
Un agente Ministerial entrevistó a un tío de Luna Villa, quien reveló que le rentaba el inmueble a su sobrino y le ofreció abrir la puerta del domicilio.
El agente aceptó, entró, realizó una inspección y encontró los narco-drones, cartuchos y una serie de insumos explosivos.
Al día siguiente, ya con una orden judicial se realizó un cateo y fueron decomisados tres drones con explosivos, bolsas y recipientes con pólvora, un fragmento de tubo de cobre C-4 y 99 cartuchos.
Los jóvenes fueron detenidos y llevados a prisión.
Pero la jueza García Cante advirtió que la primera inspección fue ilegal por no tener una orden de cateo, y que ella no iba a ser comparsa de «cateos simulados», por lo que anuló 11 de las 13 pruebas que habían sido presentadas, entre ellas todo el arsenal y los detonantes.
Originalmente, la FGR pidió a la jueza una condena de 30 años de prisión para Jiménez y 22 años para Luna por cuatro delitos: uno por fabricación de explosivos, dos por posesión de cartuchos y otro por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército.
Ahora, gracias a la decisión de la jueza, sólo Jiménez Martínez será llevado a juicio, pero por posesión de una pistola y 35 cartuchos asegurados en un cateo en otro domicilio.
Ambos jóvenes se encuentran aún detenidos en el penal de San Miguelito, en Puebla.
Hasta ahora, la FGR no ha confirmado si impugnará la decisión de la jueza, pero de esas mismas pruebas dependen los procesos contra cinco de los intermediarios que vendían los drones al crimen organizado, entre ellos José Luis Hernández López, «Bad Boy», preso actualmente en el penal de Ocampo, Guanajuato.
