Por Pascal Beltrán del Río
Seguridad: ¿tener éxito o tener la razón?
El gobierno federal quiso aprovechar una reducción de 3.22% en el número de homicidios dolosos ocurridos en 2021 respecto de 2020 para alegar que su estrategia de seguridad ha funcionado.
Sin embargo, no sólo no existe un plan específico para combatir dicho delito, sino que una revisión de los datos que dio a conocer esta semana el Inegi no permite concluir que el descenso –de 36 mil 773 asesinatos a 35 mil 625– sea resultado de alguna acción de las autoridades federales.
Y es que, si así lo fuera, la reducción de homicidios se reflejaría de manera pareja en todo el país, lo cual no es el caso. De hecho, 90% del decremento de mil 148 asesinatos a nivel nacional se debe a un solo estado, Guanajuato, donde esos crímenes pasaron de 5 mil 370 (14.6% del total nacional en 2020) a 4 mil 333 (12.1% en 2021).
De ser cierto lo que reclama el gobierno del presidente López Obrador, querría decir que su estrategia sí ha funcionado en ese estado –el único donde no obtuvo mayoría en la elección de 2018–, pero en pocas entidades más, como Chihuahua y Coahuila, que también son gobernadas por la oposición.
En cambio, en Michoacán, una entidad donde ha habido un despliegue muy aparatoso de la Guardia Nacional y otras fuerzas federales –quizá porque está entre aquellas en las que la alternancia electoral favoreció a Morena–, los homicidios pasaron de 2 mil 400 en 2020 a 2 mil 691 en 2021.
Los resultados a nivel nacional deberían leerse de otra manera, sin la actitud celebratoria del gobierno federal. Lo primero que habría que decir es que no hay una mejoría, sino una estabilización en las cifras.
Segundo, que la meseta tan alta en la que se encuentra la violencia en cualquier momento puede dar lugar a un empeoramiento de la situación.
Tercero, ya que el gobierno recurre con frecuencia a las comparaciones internacionales –como en el caso de la popularidad del presidente López Obrador–, que México se encuentra en los primeros lugares del mundo en cuanto a su tasa de asesinatos por 100 mil habitantes.
Es verdad que cuando López Obrador asumió la Presidencia, el país ya traía una tasa de 29, misma que en 2021 bajó a 28, pero ese desempeño se queda muy lejos de las promesas que hizo él en campaña y en su primer año en el poder, cuando dijo que el número de asesinatos caería rápidamente gracias a la aplicación de programas sociales, cosa que evidentemente no ha sucedido.
En lugar de pavonearse con unas cifras que siguen siendo escandalosas –pese a la reducción de 3%–, el gobierno podría tratar de ver qué se está haciendo en Guanajuato, donde la tasa de homicidios bajó de 87 a 70 en un solo año. Seguramente parte del mérito es de la Federación, pero algo también se les puede aprender a las autoridades de ése y otros estados.
De igual forma, debería evitarse lo que está pasado en estados como Morelos, donde la tasa subió de 50 a 60 en un año y cuyo Congreso estatal le otorgó al Ejecutivo 170 millones de pesos de presupuesto anual para promover su imagen, pero sólo ocho millones para su fiscalía de feminicidios, y donde de mil 200 cámaras de videovigilancia que existían en la anterior administración sólo quedan 560 en funcionamiento. En cambio, en Hidalgo, donde la tasa de asesinatos bajó de 12 a 9 entre 2020 y 2021, hay 12 mil cámaras en operación.
De lo que se trata es de realizar acciones que beneficien a los mexicanos, no de que el Presidente pueda probar que tenía la razón.
BUSCAPIÉS
*Si se quiere evitar que la reforma electoral termine en un fiasco como la reforma eléctrica, “hay que hacer a un lado los planteamientos de todo o nada”, me dijo ayer, en Imagen Radio, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Cosas aceptadas por todos los partidos, como las acciones afirmativas, no deben quedar sepultadas en aras del maniqueísmo, subrayó.
