Al menos por ahora, Rafael Caro Quintero no pagará un abogado particular.
En el juicio de extradición a Estados Unidos por el caso Camarena, el narcotraficante será defendido por un defensor público federal con cargo al erario.
El Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF), a cargo de Netzaí Sandoval Ballesteros, designó a uno de sus abogados de oficio para que se haga cargo de la representación legal del capo sinaloense.
El organismo notificó lo anterior a Adrián Rivera López, Juez Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, y responsable de tramitar el juicio de garantías que promovió Caro Quintero contra su entrega inmediata a la Unión Americana.
«El Titular de la Delegación del IFDP, delegación Estado de México, designa como defensor público del quejoso Rafael Caro Quintero a …, señalando domicilio donde puede ser localizado dicho defensor; y, …Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, acepta y protesta el cargo conferido», señala un acuerdo publicado este lunes por el juez.
En acuerdo no publica el nombre del defensor público, aunque sí su nombre de usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del que se infiere que su apellido es Torres.
Hace dos años, Caro Quintero informó a un tribunal que vivía en la «insolvencia» económica.
En un escrito presentado al Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, manifestó que su situación se había complicado porque, en su condición de prófugo de la justicia y sexagenario, no tenía la oportunidad de trabajar y generar un ingreso.
«El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide -dice- laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos», dice un acuerdo publicado en ese entonces por el colegiado.
Caro Quintero fue detenido el pasado 15 de julio en Choix, Sinaloa, en un operativo de la Secretaría de Marina.
Su captura se llevó a cabo con base en una orden de detención provisional con fines de extradición, girada en el 2013 por el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, por 8 cargos penales, 3 de ellos por el crimen del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
La justicia estadounidense lo reclama por 4 delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada y uno de asociación delictuosa para cometer delitos violentos a fin de asistir a la delincuencia organizada.
También por un cargo de asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal, el secuestro de un agente federal y el homicidio grave de un agente federal.
Dicho mandato judicial se basa en una orden de aprehensión librada en 1987 por una Corte Federal de California, con sede en Los Ángeles
