Un tribunal federal determinó definir de nueva cuenta si le deben o no cancelar a Juan Collado la prisión preventiva justificada en el proceso que le instruyen por una presunta defraudación fiscal de más de 36 millones de pesos.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad ordenó reponer el procedimiento y llevar a cabo una nueva audiencia para que el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resuelva si modifica la medida cautelar en dicha causa penal.
El colegiado revocó le negativa dictada en primera instancia por el juez federal Jorge Antonio Medina Gaona, quien estimó que no había elementos para llevar a cabo una nueva audiencia para debatir si era procedente la libertad provisional del imputado en dicho proceso.
La Fiscalía General de la República presentó un recurso de revisión extraordinaria contra el fallo del colegiado, alegando que nunca se enteró de este litigio promovido por Collado, sin embargo, el órgano jurisdiccional desechó el recurso por notoriamente improcedente.
La semana pasada el juez Aquiles Villaseñor había agendado la audiencia para debatir la medida cautelar, sin embargo, de última hora fue pospuesta.
A Collado se le imputa en este proceso una supuesta defraudación fiscal de 36 millones 786 mil 881 pesos, en el ejercicio del 2015, por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR).
El abogado de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto ha tratado de zanjar las medidas cautelares dictadas en sus distintos procesos.
En caso de la Caja Libertad, por el que está procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, está sujeto a la prisión preventiva de oficio.
Mientras no le reclasifiquen dicho ilícito o mientras no consiga la cancelación de ese proceso, no podrá abandonar la cárcel aunque libre las demás acusaciones.
A Collado ya le cancelaron un proceso por el delito de fraude, por los trámites que realizó en 2016 para descongelar sus cuentas bancarias en el Principado de Andorra. Es el primero de tres procesos federales en ser anulado.
En primera instancia ya ganó un amparo contra el proceso que le iniciaron en el fuero común de Chihuahua por un supuesto peculado de 13.7 millones de pesos, aunque el fallo definitivo aún no ha sido dictado por un tribunal colegiado.
