Su presunta relación con personalidades de la política, la farándula y el deporte, aunado a su labor de convencimiento, fueron las «pruebas» que el empresario inmobiliario Luis Oswaldo Espinoza Marín, dueño de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) y quien se quitó la vida agobiado por deudas, mostraba a sus potenciales clientes para respaldar su prestigio.
«Nos ponía a artistas, a gente famosa con sus fotos para que confiáramos en él, y de esa forma tu confiabas, ¿Cómo va a defraudar a Eli Castro'», contó Marisol Sandoval, estafada por 550 mil pesos.
Espinoza Marín se suicidó el sábado pasado justo cuando agentes ministeriales buscaban efectuar un cateo en su domicilio, luego de ser denunciado de fraude. Previamente publicó en redes un video en el que aceptó que no podía pagar sus deudas.
Según los denunciantes, el empresario los convencía de invertir en propiedades viejas que posteriormente remodelaba y vendía al doble o hasta el triple de su precio.
Las inversiones iban desde los 200 mil hasta varios millones de pesos. Espinoza Marín le pagaba a sus socios de 2 a 3 por ciento de intereses mensuales; sin embargo, desde hace meses, algunos de ellos ya no recibieron rendimientos, por lo que iniciaron las denuncias.
Eduardo Sherman, abogado que representa a tres víctimas, aseguró que además de presumir nexos con figuras públicas, Espinoza Marín los convencía de invertir poniendo en garantía las escrituras de tres inmuebles, entre ellos la finca en el Fraccionamiento Virreyes, donde se quitó la vida.
«Les echaba un rollo muy bonito, y los convencía dándoles la garantía de escrituras de tres propiedades, una de ellas es donde supuestamente se suicidó», comentó.
Araceli, quien no quiso revelar la suma que invirtió en AJP, contó que Espinoza Marín era su vecino desde hace 30 años, y que desde entonces intentó persuadirla para sumarse a AJP, pero fue hasta hace tres años que ella y su esposo accedieron.
«Me siento enojada, defraudada, incrédula de que una persona sea capaz de armar una cosa tan terrible», expresó.
Este descontento provocó que ayer, alrededor de 50 personas afectadas, entre ellas Marisol y Araceli, se manifestaran en Casa Jalisco para pedir la intervención del Gobernador Enrique Alfaro, quien recibió a una comitiva.
«Es un tema entre particulares. No es un tema en el que el Gobierno tenga mayor injerencia, pero queremos ayudar a asesorar en este proceso para que el trabajo de la Fiscalía pueda ser muy claro y puntual», aseguró el Mandatario.
