Alexis Massieu
Como legítimo calificó el titular de la Fiscalía General del Estado el reclamo de justicia hecho por familiares y amigos de Aarón Medina Castillo, un repartidor fallecido en un accidente vial en el mes de junio, y cuyo caso ya fue llevado ante un juez penal.
Tras la manifestación hecha el fin de semana exigiendo justicia, el Delegado de la FGE en la región Rodrigo Chaires Zamora, señaló que son legítimos los reclamos de la familia, reconociendo que es muy difícil llevar el duelo cuando se pierde a un ser querido, pero como servidores públicos ellos tienen que ver el caso con estricto apego a la ley.
“Ya el agente del Ministerio Público tiene una carpeta de investigación que se terminó en su primera fase al 100%, y una de las personas que participaron de esa manifestación estuvo presente durante la audiencia inicial, percatándose de los términos en que se dictó la medida cautelar”, señaló el entrevistado.
“Entendemos el reclamo de justicia, el trabajo del Ministerio Público ya está efectuado, está en manos del juez y se dio un plazo de investigación, no está en manos únicamente del Ministerio Público dar la respuesta que ellos pretenden, y debe agotarse un proceso”.
La fase de investigación se acordó será de 3 meses explicó el funcionario, y es en una etapa intermedia donde se le darán a conocer al juez los datos de prueba que se logren recabar en ese tiempo.
En los delitos de esa naturaleza, llamados culposos que admiten salidas alternas para concluir el juicio, indicó que lo excepcional es que la persona lleve su proceso en prisión, donde por el contrario, la regla es que toda persona pueda llevar su proceso en libertad.
Lo anterior dijo, es algo que no determina el Ministerio Público ni tampoco la autoridad judicial, sino que es algo que está plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, explicando que las medidas cautelares no son sanciones o medidas de venganza, sino que los fines del proceso apuntan a resarcir el daño y luego a la reinserción social.
“Todos estamos expuestos a ser responsables de privar de la vida de manera culposa a una persona, es decir, sin desearlo, y para tomar en cuenta la medida cautelar a implementarse, se valora entre otras cosas si estando libre existe riesgo para los testigos, las evidencias o de que se evada de la justicia” concluyó el delegado.
