Por Carlos M. Urzúa
Debido tanto a factores internos como externos, el desempeño de la economía mexicana sigue siendo muy pobre: será modesto este año y lo será aún más el siguiente. Tan mal pintan en este momento las cosas que es casi seguro que a fines del 2023, pasados ya cinco años del actual sexenio, la economía mexicana no habrá podido ni siquiera recuperar el nivel de la producción que se había alcanzado en 2018, al inicio de este sexenio. Lo anterior se torna aún más grave cuando se considera que, por otro lado, entre 2018 y 2023 la población mexicana se habrá incrementado aproximadamente en seis millones de mexicanos más.
Pero esa tormenta que no parece amainar puede agudizarse aún más durante el resto del sexenio de López Obrador. En efecto, un mal manejo de la crisis comercial que comenzamos a enfrentar contra Estados Unidos y Canadá podría llevarnos a una situación límite en la que jamás hubiéramos imaginado que podríamos acabar. Que esto nos quede claro a todos, antes de que el gobierno se vea tentado a emprender, por su inclinación a actuar por motivos populistas antes que por razones fundamentadas, una conflagración abierta.
La disputa comercial apenas comienza, pero ya se sabía desde hace un par de años que se daría más tarde que nunca. Lo que está en juego no es, excepto tangencialmente, un asunto ligado al petróleo. El presidente desvía la atención con ese argumento para poder envolverse en el lábaro patrio. No, los litigios que vienen se centrarán esencialmente en el sector eléctrico.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá afirman, con o sin motivo, que sus empresas de ese sector son abiertamente discriminadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía. Sus empresas, afirman nuestros socios, son marginadas en el caso de los permisos para que puedan poder operar en nuestro país. Además, afirman ellos, las empresas estadounidenses y canadienses que ya están generando electricidad en México son discriminadas en el proceso de despacho de la electricidad que hace la CFE a través de sus líneas de transmisión, pues este organismo privilegia la energía generada por sus propios medios.
Al contrario de lo que no pocos piensan, el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no establece reservas, no dispone que deba haber tratos preferenciales, en el caso del sector eléctrico, sino solo en el sector de los hidrocarburos como el petróleo. El muy breve capítulo ocho del acuerdo solo establece que «México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional». Nada más. El sector eléctrico no es mencionado en absoluto.
Esta omisión es clave. Sorprendería a primera vista que el gobierno mexicano haya firmado el T-MEC sin esa reserva, pero lo que se olvida es que a inicios de su sexenio el presidente López Obrador no habló de dar marcha atrás a la reforma eléctrica, de manera correcta a nuestro juicio. Poco a poco su visión fue cambiando, acicateado por varios estatistas trasnochados, y acabó en donde acabó. Esperemos que, al menos en esta disputa comercial que comienza, el presidente deseche esa visión anacrónica y tenga presente el bienestar de la nación.
