Por Pascal Beltrán del Río
Guardar y hacer guardar… la Guardia Nacional
Tres años, ocho meses y siete días después de protestar que guardaría y haría guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó públicamente que la Carta Magna le queda chica a sus propósitos. En su conferencia mañanera de ayer anunció que emitirá un acuerdo del Ejecutivo por el que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. “Completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa”, adelantó.
El problema es que la Constitución, en su artículo 21, establece, sin margen de interpretación, que la Guardia Nacional —creada en su periodo— es un cuerpo de seguridad civil y debe estar encuadrada en la secretaría a cargo de la seguridad pública. Ése fue el texto que la oposición aceptó para que López Obrador pudiera hacer bueno el compromiso que había hecho en su campaña electoral. La reforma fue publicada en marzo de 2019 y la ley reglamentaria, en mayo. Sin embargo, al año siguiente el mandatario comenzó a regatear el carácter civil que el Congreso había conferido a la Guardia Nacional, en un decreto en el que se establece que las Fuerzas Armadas sigan participando en tareas de seguridad pública “durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.
Así, el tabasqueño hizo suya la estrategia de seguridad de sus antecesores, que él había rechazado desde su campaña electoral de 2012, cuando prometió que los soldados volverían a sus cuarteles. El 19 de junio de 2020, mes y medio después de la publicación de aquel decreto, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, presentó una controversia constitucional, considerando que existían “razones fundadas” para que fuera revisado por la Suprema Corte, cosa que a la fecha no ha ocurrido.
Un año después, el 15 de junio de 2021, López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma constitucional, en 2023, para que “forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, como existe la Fuerza Aérea, como una rama (…) porque no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que, considero, convienen al país”.
Dijo que dicha iniciativa sería parte de un paquete de tres. Una en materia eléctrica y otra de corte electoral son las otras dos que anunció ese día. La eléctrica fue enviada a la Cámara de Diputados el 1 de octubre pasado. Fue desechada el 17 de abril por no alcanzar la mayoría calificada, ante el rechazo de la oposición. Once días después, el Ejecutivo mandó su iniciativa de reforma electoral, misma que está en la etapa de parlamento abierto.
El 9 de junio, las dirigencias nacionales de los partidos que forman la alianza Va Por México anunciaron una “moratoria constitucional”, mediante la cual bloquearían cualquier iniciativa del oficialismo para modificar la Carta Magna. Aunque los líderes parlamentarios opositores rechazaron dicha instrucción, adelantaron que no se debía contar con sus bancadas para aprobar la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
Quizá es por esa imposibilidad de ver aprobada su iniciativa en el Congreso que López Obrador ha decidido ahora proceder por la vía de un decreto. Explicó que, aun así, enviará la iniciativa, pero “no quiero que vaya pasando el tiempo”.
¿Por qué la prisa del mandatario? ¿Será para componer el desorden administrativo que ha causado el paso de recursos públicos de una dependencia a otra, como ha sucedido en la construcción de las obras emblemáticas del gobierno y también en la operación de la Guardia Nacional?
En todo caso, el Presidente debe saber que un decreto no puede estar por encima de la Constitución. Si anunció, en junio de 2021, una iniciativa de reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, es porque está consciente de que los cambios que quiere no pueden proceder sin ella.
Pero, con la lentitud con la que ha operado la Suprema Corte respecto de la controversia constitucional contra el decreto de mayo de 2020, podemos imaginar que se acabaría el sexenio antes de que allí se discutiera una eventual impugnación.
