El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fracasó por segunda vez en su intento por llevar telefonía e internet para todos.
Ahora prepara una nueva alternativa para conectar a millones de personas sin ninguna estrategia, plan concreto ni metas, en la cual en principio destinará 30 mil millones de pesos que podrían perderse, advirtieron expertos.
Uno de los proyectos es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa del Gobierno creada en julio de 2019. Pasaron tres años y se desconocen sus avances reales.
Otra apuesta fallida es Altán Redes, encargada de la operación de la Red Compartida y que busca llevar internet 4.5 G a todo el País, a través de operadores. Altán Redes fue creada desde la Administración pasada, pero apenas en junio el Gobierno decidió rescatarla junto con la iniciativa privada y proveedores.
Como parte de su proceso de reestructura recibiría 375 millones de dólares: los proveedores aportarían 163 millones; el Gobierno federal, a través de la la banca de desarrollo, daría 152 millones, y los socios 60 millones.
Sin embargo, dos meses después, el Presidente reconoció que no funcionó.
Ahora, de la mano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscarán nuevamente la interconexión digital en el País con una inversión estimada de 30 mil millones de pesos.
«Veníamos trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones el Gobierno pasado, créditos del banco de desarrollo, pero no pudieron. Tuvimos que entrar porque iba a ser un desastre», dijo AMLO en su conferencia matutina del miércoles.
«Avanzaron 70 por ciento en la instalación de la red general, no la última milla, pero es un avance; a partir de ahí vamos a ampliarla y una empresa de la CFE se va hacer cargo de hacer toda la instalación que falta y la última milla».
Agregó que la empresa conectará, sin fines de lucro, a las comunidades más apartadas y a los estudiantes, y no dejará de existir Altán Redes.
No obstante la importancia que al parecer ahora sí le dará el Gobierno al proyecto, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, destacó que la idea carece de una hoja de ruta y que debe ser un llamado de inclusión digital universal, que contemple a la industria y otros actores.
«Para conectar a cerca de 30 millones de personas, el Presidente tiene que dar un mensaje a todo el sector en su conjunto: a la industria, al regulador, a CFE, Altán Redes, y poner en orden a gobiernos estatales y municipales que obstaculizan la ampliación de la infraestructura.
«Además, tiene que anunciar una baja en el precio del espectro radioeléctrico, abatir las barreras a la inversión, entre otras medidas», dijo Negrete en entrevista.
En tanto, Michel Hernández Tafoya, director de Observatel, advirtió que el anuncio del Presidente es una muestra de la falta de claridad de cuáles son los problemas reales de conectividad en el País: crean la empresa pública CFE Telecom, se montan en Altán Redes y ahora vuelven a la CFE.
«No existe un diagnóstico y proyecto claro de inclusión digital. El Presidente debe tener presente que se requiere de la participación de todos los involucrados, incluida la industria, IFT, etcétera.
«Habla de una inversión de 30 mil millones de pesos, pero existe un riesgo enorme de hablar de cifras optimistas sin tener un diagnóstico y planeación perfectamente detallada en qué se va a usar, cómo ese dinero no generará ineficiencias, cuánto se puede incrementar la competencia, en qué poblaciones y localidades», señaló.
Agregó que incluso la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) consideraba una cifra de 14 mil millones de dólares para abatir la brecha de acceso en México, con participación del sector público y privado.
