CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) advirtió que los programas sociales son proclives a la corrupción debido a que no siempre publican sus presupuestos ni su padrón de beneficiarios ni son evaluados o fiscalizados.
En un análisis de ocho programas del Estado de México, Jalisco y Quintana Roo, tres no informaron ni su presupuesto asignado y ni el ejercido, cinco no fueron ni fiscalizados y cuatro no rindieron cuenta de sus resultados.
«En México los programas son sumamente vulnerables a actos de corrupción, son dispersos, fragmentados, heterogéneos y opacos», dijo Laure Delalande investigadora de la agencia Ethos Innovación en Políticas Públicas, una de las autoras del estudio «Corrupción y Covid-19»
El estudio presentado ayer analizó los programas sociales Salario Rosa por la Vulnerabilidad, Salario Rosa por el Trabajo y Salario Rosa por la Educación, del Estado de México; así como Jalisco Incluyente, Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, Asociaciones por la Igualdad y Reactiva, de Jalisco, además de Hambre Cero, del Gobierno de Quintana Roo.
La investigación evaluó desde octubre de 2021, los mecanismos de estos programas para evitar la corrupción y detectaron que ninguno informa la cantidad de recursos ejercidos al año, el 38 por ciento no transparenta sus recursos asignados; el 85 por ciento no cuenta con indicadores de evaluación; el 62 por ciento no tiene definida a su población objetivo y el 25 por ciento no publica su padrón de beneficiarios.
«Cuando un programa no puede identificar con claridad conceptual ni decir numéricamente cuál es la magnitud del problema que atiende, hay un conflicto porque no se sabe si está contribuyendo a resolver este problema y además da un despacho discrecional para que se puedan dar beneficios del programa a quien no necesariamente lo necesitan», dijo Alfredo Elizondo, de la organización civil Gestión Social y Cooperación, coautor del estudio.
Elizondo aclaró que el estudio no concluyó que hubiera corrupción en los programas mencionados, sino que alertaba del riesgo de que hubiera por no existir los mecanismos evaluados mediante una metodología llamada HIRPROL 2.0, que incluye una serie de variables asociadas al diseño y funcionamiento de los programas sociales, como presupuesto, operación, padrón de beneficiarios, participación ciudadana, fiscalización y evaluación.
