La Suprema Corte de Justicia discutirá en breve un caso que podría llevarla a declarar que la prisión preventiva forzosa viola tratados internacionales y no se debe seguir aplicando, afirmó hoy el Ministro Presidente Arturo Zaldívar.
Lo anterior, incluso considerando que la Constitución prevé una lista de 16 delitos para los cuales debe imponerse prisión preventiva oficiosa, en todos los casos.
“Está por alistarse un asunto muy relevante para determinar la inconvencionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, y si la Constitución puede ser inconstitucional” dijo Zaldívar, durante su conferencia de prensa mensual.
“Podríamos tener un conflicto de normas, por un lado, el artículo 19 (de la Constitución) que dice ‘es prisión preventiva oficiosa’ , y por otro, preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que son Constitución también, que dicen que la prisión preventiva sólo se puede dar cuando hay peligro de fuga, o de destruir pruebas” afirmó Zaldívar.
Explicó que el artículo Primero de la Constitución integra todos los derechos humanos previstos en tratados internacionales, y que la propia Carta Magna ordena a la Corte interpretar en el sentido más favorable a las personas.
En otras palabras, si existieran los ocho votos necesarios en el Pleno, la Corte podría estar ordenando que no se aplique una porción de la Constitución, algo que nunca ha hecho, y dejando en manos de los jueces decidir, caso por caso, cuando se debe dejar en prisión al acusado.
“Son asuntos que pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas, y cambiar el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México desde hace muchas décadas”, sostuvo.
El caso en cuestión es la acción 130/2019, que el Pleno de la Corte comenzó a discutir en octubre de 2021, cuando ocho ministros resolvieron que es inconstitucional la prisión preventiva forzosa por fraude fiscal, que ni siquiera aparece en la lista del artículo 19, sino que fue incluida en ley secundaria por una reforma que impulso el actual Gobierno.
Varios temas de esa acción quedaron pendientes, pues se desechó un proyecto del Ministro Fernando Franco, ya retirado, quien proponía avalar la cárcel forzosa para el fraude fiscal.
El expediente fue returnado al Ministro Luis María Aguilar, y Zaldívar, quien controla la lista del Pleno, adelantó que en cuestión de semanas se discutirá la nueva propuesta, en la que se examinaría la prisión preventiva en general.
Otro caso relevante sobre el mismo tema, adelanto Zaldívar, es un amparo en revisión, que la Ministra Norma Piña presentaría a la Primera Sala.
Zaldívar ha sido un crítico acérrimo del abuso de la prisión preventiva, que el actual Gobierno ha impulsado aún más, al incrementar, en ley secundaria, los delitos por los cuales todo acusado debe estar encarcelado sin derecho a fianza mientras se le juzga.
En un tema relacionado, el Ministro informó que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo Penal ya tiene concentrados 180 amparos de acusados que están en prisión preventiva justificada, es decir, casos en los que el delito no amerita cárcel oficiosa, pero los jueces mantienen recluido al procesado por petición de la fiscalía.
Uno de esos amparos, agregó, es de Rosario Robles, la ex Secretaria de Desarrollo Social, acusada por el caso de la Estafa Maestra, quien lleva tres años en prisión pese a que no esta acusada por delito grave.
Zaldívar también dijo que no está deteniendo el análisis, en el Pleno de la Corte, de los dos asuntos que tienen que ver con militarización de la seguridad pública.
Uno es la controversia de la Cámara de Diputados contra el Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica hasta mayo de 2024, y el otro, la Ley de la Guardia Nacional.
Zaldívar dijo que los respectivos ministros ponentes no han entregado proyectos para que el Pleno discuta estos asuntos.
Cabe recordar que, en noviembre de 2021, la Primera Sala de la Corte revisó un primer proyecto de la Ministra Margarita Ríos-Farjat, que avala el Acuerdo Presidencial sobe Fuerzas Armadas, pero se acordó enviar el asunto al Pleno.
En el caso de la Guardia Nacional, su ley fue impugnada por la CNDH desde junio de 2019. El Ministro ponente de esta acción es Javier Láynez.
