Por Leo Zuckermann
El presidente Peña Nieto y el caso Ayotzinapa
Hace ocho años, cuando, según el gobierno de López Obrador, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una operación para encubrir la verdad sobre la ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el procurador todavía dependía jerárquicamente del Presidente. Jesús Murillo Karam tenía jefe. Se llamaba Enrique Peña Nieto.
Hoy, Murillo está detenido por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia. La pregunta es qué tanto sabía Peña de la acción concertada del Estado para mentir e, incluso, si dio la orden de que se llevara a cabo dicha operación a fin de terminar con el enorme escándalo que se estaba generando en la opinión pública nacional.
Ayer, el Presidente exhibió un video donde aparece el fiscal general de la República explicándoles el caso a los padres de las víctimas. Dice Alejandro Gertz Manero:
“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables…”.
Si, como asegura Gertz, el Ejecutivo federal fue el responsable, naturalmente uno se pregunta cuál fue la participación del jefe de este poder, es decir, Peña.
Ayer se lo preguntaron a AMLO. El Presidente, sin embargo, se salió por las ramas. Dijo que, de acuerdo a las propias declaraciones de Murillo en ese momento, la responsabilidad de la investigación ficticia la asumieron el procurador y el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Zerón.
Pero AMLO dejó abierta la ventana de involucrar a Peña: “Si la Fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”.
Hay que recordar que la Fiscalía General de la República está actuando de acuerdo a los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. En el informe que presentaron la semana pasada se acusa que la “verdad histórica” de Murillo Karam “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno”.
¿Quién era el más alto nivel del gobierno?
El presidente Peña.
Además, entre muchos más mandos federales, el informe responsabiliza como parte del operativo de encubrimiento nada menos que al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez.
¿Quién era el jefe directo de Eduardo Sánchez?
El presidente Peña.
Yo no tengo duda. De acuerdo al estilo de gobernar de los priistas, ningún subordinado se atrevería a tomar decisiones tan importantes como la supuesta investigación del caso más sonado del sexenio pasado sin consultar al Presidente. Ni Murillo ni Sánchez ni nadie se mandaban solos en el sexenio pasado. Antes de sacar las conclusiones de la “verdad histórica” seguramente hablaron con Peña, quien los autorizó a salir al público con esa versión.
¿Sabía Peña que se trataba de una mentira? ¿Intervino para ocultar la verdad y proteger a ciertos elementos del gobierno federal, como los del Ejército y la Marina?
Durante la conferencia matutina de ayer, varias veces le preguntaron a AMLO si se incluiría a Peña como parte de la operación de encubrimiento. Y varias veces el Presidente se salió por las ramas diciendo que eso le tocaría definir a los jueces. También recordó que, desde su campaña, él se pronunció por no enjuiciar a los expresidentes.
Como que López Obrador no tiene muchas ganas de escalar el llamado “crimen de Estado” al entonces jefe del Estado.
De hecho, ayer hasta acabó agradeciéndole a Peña que no se haya metido en las elecciones presidenciales de 2018. “Eso no se me va a olvidar”, dijo con gratitud.
Peña puede seguir durmiendo tranquilo en Madrid. No parece estar en el ánimo presidencial perseguirlo judicialmente por ningún caso, ni de corrupción ni de encubrimiento en la investigación de los 43 de Ayotzinapa. Tampoco creo que este gobierno, tan metido en la cama con las Fuerzas Armadas, vaya a procesar a altos mandos militares en activo por este caso. Como siempre, el sapo se lo tendrán que tragar los subalternos, aunque el jefazo les haya instruido de cometer un delito. En eso, este gobierno es igualito a los pasados.
