Un juez federal rechazó hoy suspender el citatorio para que el Fiscal General de Campeche, Renato Sales Heredia, comparezca hoy ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Sales fue citado para comparecer hoy a las 17:00 horas como parte del proceso de fiscalización de cuentas públicas de 2015 a 2019, derivado del supuesto robo o desaparición de equipo israelí de inteligencia, lo que provocó un daño al erario por 807 millones de pesos. En esa época, Sales Heredia era titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
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El citatorio fue votado por la Comisión de Vigilancia a propuesta del diputado priista Hiram Hernández Zetina, un día después de que la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara el desafuero del líder nacional del tricolor y también diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, para acusarlo penalmente por el presunto crecimiento injustificado de su patrimonio cuando era Gobernador de la entidad.
Jonathan Bass, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, admitió hoy a trámite el amparo promovido por Sales para cuestionar la legalidad del citatorio, pero se negó a suspenderlo.
«De suspenderse los efectos de los actos reclamados se estarían obstaculizando las facultades de la Comisión para verificar el correcto ejercicio de recursos públicos, lo que afectaría disposiciones de orden público, específicamente el artículo 81, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, ya que se impediría que los representantes de la Cámara de Diputados hagan rendir cuentas a quien ejerció recursos públicos federales», afirmó el juez.
El domingo pasado, Sales dijo a la prensa de Campeche que la CNS no era una Secretaría de Estado y no tenía facultades para suscribir contratos de adquisición.
También hizo alusión a que los sistemas involucrados en este caso -por el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó el probable daño al erario- fueron comprados a la empresa Rafael Advanced Defense Systems (RADS).
Por este caso, la ex Secretaria General de la Policía Federal, Frida Martínez, está prófuga de la justicia desde 2020, ya que se presume el desvío de 65.1 millones de dólares que se pagaron a RADS 2016 y 2017 por el sistema, valuado en un total de 133.9 millones de dólares, mismo que nunca ha sido utilizado.
Según Sales, el equipo no está robado ni desaparecido, sino que sigue en aduana, por una disputa legal entre el Gobierno y RADS, a la que no se le pagó el resto del monto del contrato.
