Genaro García Luna tuvo ingresos presumiblemente ilícitos por al menos 27.3 millones de pesos durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública federal, según lo documentó la Fiscalía General de la República (FGR).
La orden de aprehensión contra el ex mando policiaco por el delito de enriquecimiento ilícito revela que se trata de ingresos adicionales a los 23.4 millones de pesos que percibió como servidor público en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
El expediente sobre García Luna, preso desde 2019 en EU donde enfrenta acusaciones de narcotráfico, precisa que entre 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos y participó en la compra-venta de al menos cinco inmuebles por 9.7 millones de pesos.
También hizo pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito y adquirió un vehículo de más de 617 mil pesos.
En esos años nunca tuvo un ingreso legal distinto al que percibía en el servicio público, según la imputación de la FGR, basada en las declaraciones patrimoniales registradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El caso de enriquecimiento ilícito es sólo una de las tres órdenes de aprehensión que García Luna tiene en México. Las otras están relacionadas con el caso «Rápido y Furioso» y con las concesiones con sobreprecio de los penales federales a empresas inmobiliarias.
En ambos asuntos, recientemente la FGR ha sufrido reveses judiciales, al tratar de mantener bajo proceso a otros imputados. Pero en el eventual caso de que llegara a ser extraditado a México, la Fiscalía desde ahora ha preparado el terreno para pedir su encarcelamiento preventivo, alegando su facilidad para salir del País.
Por ello solicitó informes al Instituto Nacional de Migración, que le reportó que del 29 de julio de 2010 al 24 de noviembre de 2019 García Luna entró y salió de territorio nacional en 209 ocasiones, principalmente a EU, país en el que es residente permanente desde 2013.
Los bienes
Las operaciones inmobiliarias imputadas por la Secretaría de la Función Pública y la FGR corresponden a cinco bienes que adquirió de 2000 a 2012 en la CDMX y Morelos.
La imputación no cuestiona el valor total de esos inmuebles, que ascendió a 15.2 millones de pesos, sino a 9.7 millones cuyo origen no es claro.
Por ejemplo, la Fiscalía señala que la casa de Calle Montaña de Omoa 17, Colonia Jardines en la Montaña, en Tlalpan, tuvo un precio de 7.5 millones de pesos, y para pagarla García Luna consiguió en 2007 un crédito en Inbursa de 5.8 millones.
La autoridad federal, sin embargo, acusa que por ahora no hay forma de saber de dónde sacó 1.7 millones para pagar el monto restante.
Las otras operaciones bajo sospecha son la compra que de dos lotes en Valle Amate, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en Jiutepec, Morelos, por los que desembolsó en 2002 un total de 356 mil pesos y de los que la autoridad señala que «no fue posible identificar contablemente el pago».
También la adquisición de una casa en el Fraccionamiento Rincón de las Delicias, en Cuernavaca, que compró en 2006 en 862 mil 800 pesos y vendió en 2009 a su hermana Luz María García Luna en 880 mil 800 pesos.
En 2006, a través de otro crédito hipotecario, adquirió en CDMX un inmueble por 2.3 millones de pesos, del que tampoco se cuenta con información contable del pago, según la Fiscalía.
La última adquisición que hizo como servidor público y que, según la autoridad ministerial, adolece de la misma deficiencia de comprobación, es la de un terreno en la capital del País por el que desembolsó 4 millones 87 mil pesos en 2008.
Indagan contratos de la UIF
La FGR investiga si fue legal o no el contrato que firmó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en tiempos de Santiago Nieto, con dos despachos estadounidenses que presentaron a nombre del Gobierno de México una demanda por la vía civil contra Genaro García Luna por 250 millones de dólares.
La Fiscalía cuestiona si la UIF contaba con la atribución para contratar los servicios legales en el extranjero o si lo debió hacer la Secretaría de Hacienda, como superior jerárquico, a través de la Cancillería.
La demanda incluye a otras 7 personas físicas y 39 morales y se tramita en una Corte en Florida; la audiencia de inicio de juicio será el 8 de mayo de 2023.
