Por Leo Zuckermann
Prisión preventiva: abuso de poder e ineficacia judicial
El asunto es tan viejo como la lucha de los derechos constitucionales. El gobierno no puede meter a la cárcel a cualquier persona mientras no haya de por medio un juicio donde se respeten los derechos de este individuo.
Artículo 39 de la Carta Magna de 1215: “Ningún hombre libre puede ser arrestado, encarcelado, desposeído, dejado fuera de la ley, exiliado o arruinado de cualquier otra manera, ni iremos contra él ni enviaremos por él, excepto por el juicio legítimo de sus pares o por la ley del país”. Han pasado más de 800 años desde entonces y, en México, seguimos luchando en contra del abuso de poder del gobierno soberano.
El tema, ahora, es el de la prisión preventiva.
¿Pueden las autoridades encarcelar a una persona antes de enjuiciarla y sentenciarla?
La respuesta es y debe ser no.
Salvo si ese individuo merece ir a la cárcel por razones muy particulares. Es lo que se conoce en México como la “prisión preventiva justificada”.
El fiscal pide al juez que encarcele al imputado porque tiene antecedentes penales, hay elementos objetivos para pensar que se puede fugar y faltar a su juicio, puede poner en peligro la investigación si se encuentra en libertad o representa una amenaza para las víctimas, testigos o la comunidad en general. El fiscal debe presentar argumentos y evidencia sólidos al juez al solicitar la prisión preventiva justificada. El imputado tiene el derecho de defenderse. Al final, el juez decide quién tiene la razón y si se queda o no la persona en la cárcel mientras ocurre el juicio. Esta decisión puede ser revisada por jueces de mayor jerarquía para evitar abusos de poder.
He ahí el gran tema de esta discusión: el abuso del poder. Que el Estado no pueda meter en la cárcel a la gente que le incomoda, sino a los verdaderos criminales.
En México tenemos, también, la figura de la “prisión preventiva oficiosa”. Todos los que cometen cierto tipo de delitos van a la cárcel, aunque todavía no se les demuestre su culpabilidad.
El actual gobierno reformó la Constitución en 2019 para extender el catálogo de estos crímenes. Hoy son: “abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
El catálogo es muy amplio. Sí, son delitos graves y uno pensaría que merecen la prisión, pero hasta que se compruebe la culpabilidad.
El problema es que los fiscales pueden acusar a alguien de cualquiera de estos crímenes y, como en las primeras instancias del juicio no se requieren pruebas contundentes para que el juez vincule a la persona a un proceso judicial, ese individuo termina tras las rejas.
¿Es justo?
No.
Es un abuso de poder.
En México, donde la justicia es una basura, la prisión preventiva oficiosa se utiliza con fines políticos. En eso no ha cambiado nada nuestro régimen desde las épocas del autoritarismo priista. El gobierno mete a la cárcel a sus adversarios y manda el mensaje a toda la sociedad del gran poder que tiene. La espada de Damocles pende sobre los ciudadanos, a los que nos da miedo terminar en la cárcel si nos enfrentamos al gobierno, aunque seamos inocentes y tengamos la razón.
La prisión preventiva oficiosa no sólo es un abuso del poder, sino también explica la ineficacia de nuestro Estado para perseguir delitos. Como resulta muy fácil meter a la cárcel a cualquiera, las autoridades se tornan ociosas para investigar y presentar argumentos y pruebas contundentes. Encarcelan a individuos, que se quedan años tras las rejas; luego los liberan con un “usted disculpe”. Hay miles de casos así, sobre todo de gente pobre que no tiene recursos para defenderse.
Al justificar la prisión preventiva oficiosa, el gobierno de López Obrador demuestra que le gusta abusar del poder y no quiere corregir la ineficacia de nuestra justicia basura.
