La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión sobre si elimina o no la obligatoriedad para que jueces dicten prisión preventiva oficiosa en el País.
Por primera vez, se discute un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos.
En su participación, el Ministro Luis María Aguilar Morales consideró que la prisión preventiva forzosa es contraria a los derechos humanos y dañina para el sistema de justicia.
“No es que desaparezca la prisión preventiva (…) sino que sólo sea dictada por un juez cuando el Ministerio Público justifique las razones para aplicarla”, expresó Aguilar.
Por su parte, la Ministra Yasmin Esquivel aseguró que no comulga con el proyecto, pues se incumpliría con una norma de la Constitución aunado a que le estarían dando la espalda a las víctimas que demandan justicia.
“En cuanto a este tema, del estudio de fondo de este proyecto, no participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución o -dicho de otro modo- incumplir una norma establecida en ella.
“Ignorar lo que sucede en Michoacán, Tamaulipas, Morelos y en muchas partes de nuestro País sería darle la espalda al sufrimiento y la impotencia de las familias víctimas de homicidios, de feminicidios, de personas desaparecidas y de secuestros. Así como el dolor de todas las personas que día a día se suman a miles que pierden su patrimonio, a veces escaso, y que son sustento de muchas familias. No atender a todas estas víctimas implica no escuchar a la sociedad mexicana que demanda justicia y vivir con tranquilidad”, expresó.
La Ministra Loretta Ortiz advirtió riesgo de que la Corte se constituya como un poder constituyente si elimina la prisión preventiva oficiosa.
“El que se dejase de aplicar una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión muy delicada, que nos llevaría cuestionar el principio de la división de Poderes y los principios del Estado mexicano”, dijo.
En su intervención, el Ministro Alberto Pérez Dayán se manifestó en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y sólo justificó su invalidación para delitos fiscales.
“Respetuosamente, discrepo tanto de sus consideraciones como del sentido del proyecto que nos fue presentado salvo por lo que se refiere a la declaracion de invalidez del artículo 2 fracciones 8, 8 bis, 8 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
“Al reconocimiento de validez del artículo 103 de bis del código fiscal de la Federación y muy seguramente a la invalidez de las disposiciones combatidas de la ley de seguridad nacional cuando su análisis se haga a partir de vicios propios y se contenga en el proyecto. Todos estos temas estoy de acuerdo con su propuesta”, expuso.
El Ministro José Luis Alcántara reconoció que la figura de prisión preventiva oficiosa es violatoria de la presunción de inocencia y que por ello votaría a favor del proyecto.
“Votaré a favor del proyecto puesto que considero que las normas impugnadas se insertan dentro de un sistema de prisión preventiva automática que incumple con los derechos humanos, con la libertad personal, con la presunción de inocencia de los imputados. Sin embargo, hago lo anterior partiendo de una interpretación armónica y sistemática del Artículo 1 y 19 constitucional, privilegiando la importancia siempre de mantener la integridad de nuestra Constitución y rechazando la propuesta de inaplicar una norma que forma parte del parámetro de control que nos hemos comprometido sobretodo a respetar y proteger”, explicó.
Luego de la intervención de Alcantára, el Ministro presidente Arturo Zaldívar levantó la sesión para continuarla mañana.
Si junta al menos ocho votos, la Corte ordenará a todos los jueces del País dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el Artículo 19 de la Constitución para 16 delitos, y que se ha ampliado a otros 45 mediante leyes secundarias impulsadas este sexenio.
De aprobarse, la Fiscalía tendría que dar razones al juez para mantener al acusado en la cárcel durante su proceso.
Críticos del proyecto han señalado que la Corte excedería sus facultades si ordena inaplicar la Constitución, pues la propia Carga Magna no la faculta para ello; es decir, sólo el Poder Reformador, integrado por los Congresos federal y estatales, puede hacer esos cambios.
