Por Yuriria Sierra
¿Se va? o
Se va al jueves. La votación sobre el futuro de la prisión preventiva oficiosa se decidirá mañana. Ya van al menos dos semanas de debate, dentro y fuera de Palacio Nacional, que han dado luz a múltiples interpretaciones sobre lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos. El proyecto del ministro Luis María Aguilar está respaldado en cifras durísimas sobre cómo nuestras cárceles están llenas de presuntos culpables. Desde 2008 para unos cuántos delitos, pero cuyo espectro se amplió hace tres años. Es un debate que no es nuevo.
Sin embargo, los datos más recientes sobre el impacto de la aplicación de la PPO, los subrayaron hace unos días Haydeé Gómez, Adriana E. Ortega, Regina Isabel Medina y María Fernanda Torres, de Intersecta, en el portal de Nexos: “En lo que va de 2022, en México ha habido, en promedio, 225,628 personas privadas de la libertad. De las 225,628 personas que en promedio han estado privadas de la libertad en el país en 2022, el 41% ha estado en prisión preventiva. Es decir, en promedio, 93,227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas. Esta cifra, sin embargo, no se puede entender sin considerar, precisamente, la prisión preventiva oficiosa…”.
En su estudio también señalan el salto cuántico que dio la cifra de personas en reclusión desde 2019, cuando entró en vigor la reforma que amplió la lista de delitos, a partir de esta figura. Lo más notable, y lo escribimos aquí en la última entrega a partir de la entrevista con Jorge Volpi y Alejandro Gerber, es que la PPO no debe rebasar los dos años sin recibir sentencia, lo que claramente es un punto que no se cumple, de lo contrario la densidad demográfica de las cárceles en el país no estaría en los niveles actuales.
Desde luego que hay delitos que ameritan mantener en resguardo a los presuntos responsables de asesinato, feminicidio, etcétera, ejemplos claros de crímenes que ponen en riesgo a la sociedad, pero hemos visto también cómo en un país como el nuestro, que no ha sabido robustecer su aparato de impartición de justicia, esta figura se utiliza como correctivo político. Herramienta para amedrentar detractores con expedientes abiertos. Advertencia. De ahí que el debate fuera de la Corte no es el mismo que tienen los ministros, sobre su facultad para declarar inaplicable el artículo 19 constitucional.
En Palacio Nacional ha ido más por la grilla, por eso la respuesta que dio ayer el Presidente cuando lo cuestionaron sobre la posible presión que ha hecho desde la mañanera, donde incluso señaló haberse equivocado con las nominaciones de ministros que ha hecho desde el inicio de su administración, previo a la discusión en la que cada uno fijó su postura: “Puede ser que sí sea presión porque tocamos el tema, porque ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo?”.
Por lo pronto, siete ministros ya expresaron su posicionamiento en contra al proyecto del ministro Aguilar, mañana lo harán oficial en la votación. Dos semanas de debate que nos tendrían que llevar a reconfigurar los argumentos para mantener o desechar la PPO, pero las reformas constitucionales son tarea del Legislativo, ¿alguien en ese Poder está dispuesto a llevarlo al pleno? Veremos. El tema ya está en la mesa.
