La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que el crimen organizado opera en México con capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, lo que constituye una amenaza actual y latente, fenómeno que requiere del uso de la Guardia Nacional (GN) bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En este sentido, anticipó que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad tras la aprobación de la iniciativa presidencial para transferir el control de la GN a la Sedena.
«Dicho lo anterior esta Comisión considera que dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible desde el punto de vista de los Derechos Humanos siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado hace unos días, es decir, acorde con los preceptos constitucionales y los estándares internacionales.
«La participación de cuerpos castrenses es dable de realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de las reformas legales. De tal suerte que mucho es lo que sigue y queda pendiente, entre otras cosas, supervisar la estrategia del cuerpo policial y en la medida de lo posible participar en su diseño, así como darle seguimiento a su desempeño».
Para la CNDH, encabezada por María del Rosario Piedra Ibarra, los escenarios de violencia donde las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia organizada, es verdaderamente prioritario que la Guardia Nacional intervenga en estricto respeto de los Derechos Humanos.
«La emergencia en materia de combate a la delincuencia y los niveles de violencia que en general implican una alta demanda de respuestas por parte de la población, exigen una actuación inmediata, eficaz y contundente por parte de las instituciones».
«En todo caso la Comisión tiene claro que en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en las administraciones anteriores, lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador y para hacerlo tenemos un marco legal que ciertamente hay que reforzar y mejorar para garantizar la prevalencia del mando civil supremo sobre toda fuerza armada», planteó.
No obstante, destacó que la seguridadciudadana es una responsabilidad esencial del Estado y debe asumirse como una política pública integral con objetivos claros y verificables, y de manera paulatina, que lleven a la separación de las fuerzas armadas con las corporaciones civiles.
«Los fenómenos de la criminalidad y la violencia se asocian tanto al aumento de la desigualdad y la exclusión social, y a la progresiva limitación de oportunidades, tanto a la insuficiencia institucional para enfrentarlos, por ello una política adecuada de Seguridad Ciudadana tiene que ser concebida en primer lugar como parte del conjunto de los esfuerzos del Estado por avanzar en la inclusión social y en la igualdad de oportunidades.
«Por eso resulta de suma importancia de la trascendencia las reformas aprobadas por el Congreso sin dejar de atender la urgencia en los tiempos excepcionales que vivimos, pero que son transitorios, es indispensable poner en práctica paulatinamente políticas de cambios normativos que los plazos establecidos lleven a la separación de funciones entre las fuerzas armadas y los cuerpos de policía asumiendo que los segundos son los que tienen la misión específica de hacerse cargo de la preservación de la seguridad interna y enfrentar el delito», puntualizó el organismo.
