Tommy Tuberville, Senador republicano por Alabama y miembro del Comité de Agricultura, informó regularmente haber participado en contratos de compra y venta vinculados a los precios del ganado desde el año pasado, incluso cuando el panel, según el propio Tuberville, había «estado hablando de los mercados de ganado».
Bob Gibbs, congresista republicano por Ohio y miembro del Comité de Supervisión de laCámara de Representantes, informó haber comprado acciones de la compañía farmacéutica AbbVie en 2020 y 2021, mientras el comité investigaba a esa misma empresa y a cinco rivales por los altos precios de los medicamentos.
Y transacciones por parte de la esposa del congresista demócrata por California Alan Lowenthal fueron especialmente sorprendentes: había vendido acciones de Boeing el 5 de marzo de 2020, un día antes de que un comité de la Cámara baja en el que Lowenthal forma parte publicara hallazgos perjudiciales sobre el manejo de la compañía de su jet 737 Max, que estuvo involucrado en dos accidentes fatales.
Estos legisladores, quienes dijeron que las transacciones fueron apropiadas, se encuentran entre 97 senadores y representantes actuales que informaron transacciones realizadas por ellos mismos o por miembros de su familia inmediata en acciones u otros activos financieros que se cruzaron con el trabajo de los comités en los que participan, de acuerdo con un amplio análisis de The New York Times de operaciones entre 2019 y 2021.
Los potenciales conflictos de interés en el comercio de acciones por parte de miembros del Congreso, y su decisión de no imponerse límites más estrictos, ha generado críticas durante mucho tiempo. Pero el análisis de The NYT demuestra la escala mayor del problema: durante ese periodo de tres años, más de 3 mil 700 transacciones notificadas por legisladores de ambos partidos plantearon conflictos de interés entre sus responsabilidades públicas y sus finanzas privadas.
En algunos casos, las transacciones parecen ser rutinarias o tener una leve conexión con la influencia que el legislador en cuestión pudo haber tenido en el tema. En otros, las transacciones fueron realizadas por fideicomisos o corredores que, según los legisladores, operaban sin ninguna instrucción de ellos.
Pero muchos casos muestran cómo el trabajo legislativo y las decisiones de inversión pueden superponerse en formas que, como mínimo, pueden dejar la apariencia de un conflicto de interés y que, a veces, forman un patrón preocupante, incluso si técnicamente no se rompe ninguna regla.
En virtud de una legislación de 2012 conocida como Ley Bursátil, los miembros del Congreso pueden comprar y vender acciones, bonos y otros instrumentos financieros siempre y cuando no negocien con información privilegiada y revelen cualquier transacción valuada en mil dólares o más realizada por ellos mismos o por miembros de su familia inmediata dentro de 45 días.
Los miembros del Congreso están sujetos a las leyes contra el tráfico de información privilegiada. Sin embargo, incluso el conocimiento que estaría por debajo de la definición legal de información privilegiada tiene el potencial de crear dilemas éticos para los miembros del Congreso que, en un día determinado, podrían obtener información a través del trabajo legislativo, sesiones informativas clasificadas o reuniones con los electores, donantes, ejecutivos corporativos, reguladores y otros funcionarios gubernamentales.
Tanto la Cámara baja como el Senado han estado tratando de desarrollar una legislación para endurecer las reglas, pero sigue en duda si ambas cámaras aprobarán un proyecto de ley este año, a pesar del raro apoyo bipartidista.
Para examinar los posibles conflictos de interés, NYT usó una amplia base de datos llamada Capitol Trades, que fue compilada por la firma alemana de 2iQ Research a partir de información divulgada por los congresistas.
Luego, NYT comparó las transacciones con las asignaciones de comité, audiencias e investigaciones de los legisladores para construir una imagen de cómo el trabajo de los congresistas y sus operaciones financieras podrían cruzarse.
El análisis mostró que 13 legisladores, incluyendo a Gibs y a otros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, reportaron que ellos o su familia inmediata habían comprado o vendido acciones de compañías que estaban bajo investigación por su panel entre 2019 y 2021.
El examen también mostró que 44 de 50 miembros del Congreso que eran los más activos los mercados compraron o vendieron acciones en compañías de las que sus comités podrían haberles dado cierto tipo de conocimiento o influencia
