Por Pascal Beltrán del Río
Politizar lo militar
Los militares han tenido un peso muy relevante en la historia política del país. De las 65 personas que han ocupado la Presidencia de la República desde 1824, más de la mitad (34) han sido hombres de armas. Es verdad que México no ha tenido un presidente de origen castrense desde Manuel Ávila Camacho, pero eso es porque en aquel sexenio se tomó la decisión, muy afortunada, de desmilitarizar la vida pública.
Entre otras cosas, Ávila Camacho refrenó las intenciones de su hermano Maximino de sucederlo; desapareció el sector militar del Partido de la Revolución Mexicana —la organización política fundada por el general Plutarco Elías Calles como PNR— y expidió un decreto que prohibió la participación política de los militares en activo y la asistencia de militares uniformados a los actos políticos, así tuvieran licencia.
Además, dispuso el rejuvenecimiento del personal castrense mediante el retiro de centenares de generales y coroneles (Soledad Loaeza, La politización del Ejército y la desmilitarización de la política, revista Nexos, octubre de 2020).
El siguiente gobierno, el de Miguel Alemán, primer civil en ocupar la Presidencia desde el fin de la Revolución Mexicana, compensó a las Fuerzas Armadas con nuevas instalaciones y la creación del Banco del Ejército y la Escuela Médico Militar.
De esa manera, se logró cancelar la politización del Ejército, se profesionalizó el servicio público y se evitó que las divisiones políticas condujeran a fracturas militares, como la que se manifestó con la candidatura presidencial de Juan Andreu Almazán.
Sin embargo, el proceso de desmilitarización no se realizó de golpe. Todavía hasta mediados de los años 60, el PRI siguió teniendo dirigentes surgidos de la milicia. En 1954, la Asociación Política y Social Revolucionaria, fundada en 1948 por antiguos generales carrancistas y villistas a raíz de la supresión del sector militar del PRM, cambió su denominación a Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). Y 12 años después de la campaña almazanista, otro militar, Miguel Henríquez Guzmán, disputó la Presidencia de la República impulsado por el expresidente Lázaro Cárdenas.
Costó trabajo convencer a quienes habían conquistado el poder en los campos de batalla de la Revolución que renunciaran a él. Pero, gracias a ello, México logró normalizar su vida institucional y que se volviera regular la transferencia del mando presidencial, a diferencia de lo que sucedió en nuestro país en el siglo XIX —con sus múltiples asonadas e interinatos— y que siguió sucediendo en diversas naciones latinoamericanas, todavía entrados los años 70 del siglo pasado.
Si las FA en México han alcanzado el gran nivel de disciplina y especialización que han adquirido —además de una buena fama pública— ha sido gracias, en buena medida, a que, durante varias décadas, se supeditaron a los civiles y dejaron en manos de ellos la lucha política y las tareas administrativas del gobierno. El Ejército y la Armada habían sido instituciones de Estado, leales al Presidente, pero no identificadas con ideología alguna. En este sexenio me tocó, por primera vez, escuchar al secretario de la Defensa Nacional alabar el pensamiento político del Ejecutivo en turno y ver frases de éste escritas en los muros de instalaciones militares.
Ésas no son acciones que soldados y marinos hacen por cuenta propia, sino por orden de su comandante supremo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha metido reversa al proceso de desmilitarización que inició Ávila Camacho hace 80 años, encargando a las FA tareas que no corresponden a su naturaleza. Es el caso de la seguridad pública. El error que se inició desde los tiempos en que se involucró a los militares en las campañas de erradicación de plantíos de mariguana y amapola, siguió en los siguientes sexenios, cuando los gobiernos en turno quisieron compensar su incapacidad de formar cuerpos de policía competentes y bien capacitados.
Ahora, mediante una iniciativa que el oficialismo no se atrevió a presentar por cuenta propia —utilizando para ello al PRI—, se busca hacer permanente la presencia de los militares en tareas de seguridad pública. Porque sólo un ingenuo se traga el cuento de que únicamente será hasta 2028 o 2029 y que nada de lo que suceda saldrá del control de los civiles.
