Por Carlos M. Urzúa
El primer documento del Paquete Económico para el año 2023, el cual fue enviado por el gobierno al Congreso para su aprobación, se titula Criterios Generales de Política Económica. En éste se da cuenta de los estimados a futuro de las variables económicas clave. Estas proyecciones son empleadas para poder estimar a su vez los ingresos y egresos que tendrá el gobierno federal.
En esos criterios destaca de manera llamativa la proyección acerca del crecimiento del producto interno bruto de México para el año que entra: 3%. Esta estimación contrasta significativamente con el modesto 1.3% que esperan, en promedio, los participantes en la última encuesta económica hecha por el Banco de México.
De manera quizás aún más llamativa, el gobierno también establece en ese documento que espera un rango de crecimiento entre el 1.2% y el 3%. Causa extrañeza, pues, que en los cálculos para estimar los ingresos y gastos futuros se haya utilizado el porcentaje más alto de ese intervalo. La regla no escrita es que debe utilizarse el promedio entre el valor menor y el mayor del rango. Como en este caso la mitad de la suma de 1.2% y 3% es 2.1%, este porcentaje se debió haber utilizado, siguiendo los cánones, para los cálculos mencionados.
Curiosamente esa regla sí es seguida en el mismo documento, pero en el caso del estimado final para el crecimiento de este año 2022. El rango que proyecta el gobierno es entre el 1.9% y 2.9%, y además establece como su pronóstico puntual justo la media: 2.4%. Una cifra, por cierto, que está un tanto arriba del 2% que la mayoría de los observadores esperan que se logre.
Ese porcentaje del 3%, doblemente llamativo, sugiere que la Secretaría de Hacienda ya no encuentra cómo cuadrar para el año que entra la cifra de los ingresos posibles con la de los futuros gastos gubernamentales. En efecto, al sobrestimar el crecimiento de la economía mexicana, la Secretaría logra inflar la recaudación potencial que se tendría en el caso del impuesto sobre la renta. Esto porque un mayor crecimiento deriva en un mayor ingreso tanto de las empresas como de los trabajadores.
Algo similar se da en el caso del Impuesto al Valor Agregado, dado que un mayor ingreso acarrea un mayor consumo y, por tanto, una mayor recaudación del IVA. Además, a esas sobrestimaciones hay que agregar la pretensión por parte de Hacienda de recaudar más del uno por ciento del PIB mediante el cobro de impuestos a la gasolina. Esto constituye a todas luces otra sobrestimación, pues es de dudarse que en Palacio Nacional permitan transitar fácilmente de los actuales subsidios a la gasolina a los impuestos tradicionales.
En suma, se ve muy cuesta arriba mantener en relativo equilibrio las finanzas públicas en el 2023. De acuerdo con Hacienda, tras contabilizar la deuda que se contratará entonces, se llegará a un monto de deuda final del orden del 51% del PIB. Desgraciadamente esto es ahora una subestimación. Dado el bajo crecimiento que tendrán tanto México como Estados Unidos el siguiente año, ese porcentaje probablemente sea del orden del 53%. Y lo más preocupante no será ese saldo como tal, sino la primera evidencia de que la deuda puede explotar en años posteriores.
