Una juez federal determinó que no podrá iniciarse un juicio a Jesús Murillo Karam por el Caso Iguala, hasta que sea resuelto el amparo que presentó contra la vinculación a proceso por los delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.
Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal, concedió al ex Procurador General de la República una suspensión que permite instruirle el proceso hasta la etapa intermedia, pero frena el inicio del juicio.
Es decir, que podrá reunir sus datos de prueba y debatirlos en audiencia con los miembros de la Fiscalía General de la República, pero una vez concluida esa etapa, que va a durar varios meses, no podrá desarrollarse el juicio hasta que exista la sentencia del amparo.
«Hágasele saber a la autoridad jurisdiccional responsable que deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la etapa de intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo», notificó la juzgadora.
Ruiz adoptó un criterio cada vez más común, de suspender el juicio, pero no el dictado del auto de apertura de juicio, porque esta última decisión es considerada como parte de la etapa intermedia del procedimiento, en la cual se dirimen los datos de prueba de las partes.
La impartidora de justicia fijó para el próximo 11 de octubre la audiencia constitucional, el último requisito necesario para que pueda dictar la sentencia de amparo.
Al mismo tiempo, la juez Ruiz también admitió el otro amparo que Murillo presentó por separado en contra de la prisión preventiva justificada y con el cual pretende otra medida cautelar que le permita llevar su proceso fuera de prisión.
La FGR imputa a Murillo Karam ser el artífice de un montaje llamado «verdad histórica» en el Caso Iguala, porque en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La Fiscalía señala que la tortura y los delitos contra la administración de la justicia imputados a Murillo -entre los que se incluyen la siembra, manipulación y desaparición de evidencias-, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, mientras que la desaparición de los estudiantes es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
Su proceso está a cargo de Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
