La Cámara de Diputados alista el fin del horario de verano por considerar que genera daños a la salud.
La iniciativa del Ejecutivo federal, presentada en julio pasado a la Cámara de Diputados, reconoce un ahorro de energía, pero estima que no fue significativo.
Explica que desde 1996 el horario de verano ha contribuido al ahorro por debajo del uno por ciento de la energía consumida anualmente.
“Efectivamente, se ha ahorrado energía, pero dicho ahorro no es significativo respecto del total de consumo anual”, resume.
El próximo miércoles se prevé la discusión del dictamen y su aprobación con la mayoría de las fracciones.
El planteamiento oficial es que a partir de 2013 el ahorro fue disminuyendo por la aceleración de la eficiencia energética, que implica el retiro de lámparas incandescentes y la aparición de avances tecnológicos en aires acondicionados y refrigeradores en la industria, comercio y hogares.
También por la incorporación de un mayor aprovechamiento en la generación de energía de las empresas.
La iniciativa presidencial expone que tan solo en 2021, el consumo nacional fue de 327 mil gigavatios por hora (Gw/h) y el ahorro por el horario de verano fue de 537 Gw/h, es decir, de 0.16 por ciento, lo que equivale en dinero a solo mil 138 millones de pesos.
En tanto, en 2019, se ahorraron 876 Gw/h, que significó mil 875 millones de pesos.
“Después de más de tres décadas de aplicación del horario de verano, en todo el mundo se ha tenido que aceptar que sí produce afectaciones a la salud de las personas“, argumenta la propuesta del Ejecutivo federal.
Señala que hay afectaciones a la salud pública en el corto, mediano y largo plazos.
En niños y adolescentes, agrega, se sufren trastornos en la conciliación del sueño por la noche, lo que aumenta la presencia de somnolencia diurna, sobre todo durante las primeras semanas de adaptación al horario estacional.
“Este hallazgo fue confirmado mediante análisis diarios de sueño, que reportaron una pérdida de sueño aproximada de 27 minutos por noche”, cita el documento.
La iniciativa del Presidente agrega que se genera un impacto socioeconómico en la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, la educación, la familia, el medio ambiente y la seguridad pública.
