CIUDAD DE MÉXICO.-Adelante iba una manta gigante: «¡El Ejército lo sabe!». Por primera vez en los ocho años de manifestaciones para saber la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, las acusaciones iban dirigidas contra los militares y, muy de cerca, contra la sospecha de la impunidad que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les otorga por la suspensión de las órdenes de aprehensión.
«Estamos hablando de que había 83 órdenes de aprehensión, estamos hablando de que militares iban a ser enjuiciados, y luego de lo cual ya no hubo nada y lo que tenemos son desistimientos de órdenes de aprehensión. ¿A qué obedece, qué compromisos hicieron, qué pactos hubo con los militares?», cuestionó al inicio de la marcha, en el Ángel de la Independencia, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, entre un remolino de cámaras y reporteros
Luego de que padres y madres de los estudiantes bajaron del camión mostrando en el pecho las fotos de sus hijos desaparecidos, fueron conducidos por la organización Marabunta a la vanguardia del contingente. Campesinos, albañiles, herreros, amas de casa, vendedoras de elotes, que suspendieron sus vidas la noche del 26 de septiembre, o la madrugada del 27, cuando se enteraron que a sus hijos, jóvenes de recién ingreso a la normal, los habían baleado y desaparecido.
Estudiantes normalistas, universitarios, campesinos de Atenco, telefonistas, dos docenas de familiares de los más de 100 mil desaparecidos qué hay en el País por la violencia, avanzaban a su lado con las consignas de siempre: «¡Ayotzinapa Vive!» «¡La lucha sigue!» «¡26 de septiembre, no se olvida!».
Pero en el tumulto de 7 mil personas, de acuerdo con el cálculo oficial, los carteles apuntaban a los militares que, según el informe del 18 de agosto de la Comisión Especial para el caso, están relacionados. El General José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón, con sede en Iguala, está detenido pero no por mandar asesinar a los estudiantes como acusó la investigación oficial sino por nexos con el crimen organizado.
«Si el Presidente no puede obligar al Ejército a que entregue toda la información que tiene, entonces, ¿qué autoridad tiene?», reclamó uno de los que cargaban la manta: Marco Gutiérrez, cachucha gris, camisa blanca, que lleva ocho años en el plantón en Paseo de la Reforma, en la antigua sede de la Fiscalía. Detrás de él, un arquitecto en bicicleta portaba una cartulina anaranjada: «La verdad sigue encuartelada. Y el Ejército desobedece las órdenes del Presidente».
En las paradas del Metrobús habían quitado los vidrios. Algunos negocios estaban tapiados. Se esperaba una manifestación violenta como la que hubo en la Fiscalía General de la República y en el Campo Militar número 1.
En el Zócalo, la Catedral y todo el Palacio Nacional tenían doble valla de fierro, el templete para los discursos fue colocado hasta el otro lado. Pero hubo apenas unos cuantos vidrios rotos y una leve escaramuza con la Policía en la retaguardia. Lo más agresivo habrán sido los mensajes pintados en astabandera: «AMLO priista», «Fue el Ejército». Y uno más justo abajo del balcón donde el pasado 15 de septiembre Lopez Obrador dio el Grito: «4 Traición».
«¿Por qué el Presidente quiere jugar. Primero dice que sí, libera las 80 y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no. ¿Por qué desestimar 16 órdenes de aprehensión del Ejército mexicano?», reclamó Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos.
