Por Pascal Beltrán del Río
La cuenta regresiva
Dentro de exactamente dos años —el 30 de septiembre de 2024— terminará el periodo presidencial.
Las posibilidades de dejar hecha la tarea se van acortando, inexorablemente. En menos de un año —en agosto de 2023, de acuerdo con Mario Delgado, líder de Morena—, el oficialismo habrá definido al candidato presidencial que buscará suceder a Andrés Manuel López Obrador. Eso producirá un cambio de prioridades en la administración federal.
Queda poco tiempo para cumplir con las promesas hechas en campaña y durante los primeros meses del gobierno.
Algunas de ellas ya no se harán realidad, como el crecimiento económico promedio de cuatro por ciento. El PIB aún está 3.6 puntos por debajo del nivel que tenía en diciembre de 2018, y las previsiones más recientes de Banco de México indican que se expandirá apenas 1.6% este año y 2.4% el siguiente.
Tampoco se antoja posible la reducción drástica de la violencia criminal, como prometió una y otra vez López Obrador desde los tiempos de la campaña y en los inicios de su gobierno.
“En muy poco tiempo vamos a reducir la delincuencia, en la medida que va a haber crecimiento económico, conforme va a ir aumentando el crecimiento económico, la generación de empleo, y se van a ir aplicando los programas de desarrollo social, va a ir bajando la delincuencia en el país”, aseguró el entonces candidato presidencial, el 2 de enero de 2018, en Izamal, Yucatán. “A mitad del sexenio vamos a tener una situación totalmente distinta”, agregó.
En abril de 2019, ya en el gobierno, López Obrador prometió que en un lapso de seis meses se lograría una reducción de 50% en el número de homicidios. En noviembre del mismo año hizo un ofrecimiento semejante, pero se dio un nuevo lapso de 12 meses para alcanzarlo, que también resultó insuficiente. En su Cuarto Informe de Gobierno, presumió que los asesinatos habían bajado en poco más de 10 por ciento.
No cumplió con regresar a los militares a sus cuarteles, y alegando un cambio de opinión, los llenó de encargos que tendrían que haber recaído en civiles –construcción de infraestructura y administración de puertos y aeropuertos– y promovió que la Guardia Nacional fuera absorbida por la Sedena.
En enero de 2020, cuando los efectos de la pandemia de coronavirus apenas comenzaban a asomarse en el mundo, López Obrador se comprometió a construir un sistema de salud “de primera y gratuito”, semejante al que tienen países como Dinamarca, Noruega y Canadá. Pero lo que ha pasado desde entonces es que creció en más de 15 millones el número de mexicanos de población con carencia por acceso a los servicios de salud y unos 700 mil han fallecido por efectos directos o indirectos del SARS-CoV-2.
Tampoco ha corrido con suerte la promesa de resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Luego de más de tres años y medio de haber sido creada, la Comisión para del Verdad y el Acceso a la Justicia no ha arrojado una cosa ni otra. La investigación no pudo ir más allá de los hallazgos centrales de la llamada “verdad histórica” del gobierno anterior; dejó decepcionados a los padres de los estudiantes; generó molestia en las Fuerzas Armadas –por el procesamiento de algunos de sus miembros con base en los dichos de criminales confesos habilitados como testigos–, y remató con la renuncia del fiscal especial encargado de judicializar las acusaciones, quien ahora sería blanco de una investigación.
Como pintan las cosas, y a menos de apurar el ritmo, el periodo presidencial corre el riesgo de ser recordado sólo por las conferencias diarias en Palacio Nacional, la concentración del poder en el Ejecutivo y la eliminación del horario de verano.
BUSCAPIÉS
El martes, en la Cámara de Diputados, donde se presentó como parte de la glosa del Informe, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presumió como logro económico que 70% de las familias mexicanas están cubiertas por los programas sociales. Lo paradójico es que, incluso en el actual clima de incertidumbre, México sí tiene una verdadera historia de éxito: la fuerza del sector exportador, cuyo valor supera los 50 mil millones de dólares mensuales. El problema es que al gobierno quizá le parezca demasiado neoliberal para vanagloriarse de ella.
