Por Raúl Contreras Bustamante
Corrupción e inflación
El artículo 3º de nuestra Constitución considera a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Dicho postulado adquiere una importancia significativa para la vida pública, pues el precepto señalado enfrenta diferentes y complejos enemigos: uno de ellos –quizá de los más grandes– es la corrupción.
Y es que la corrupción se ha convertido en nuestro país en un mal generalizado que ha penetrado en todos los órdenes de gobierno y afecta al servicio público, pues el inadecuado uso de los recursos públicos atrofia el correcto funcionamiento de las instituciones; y, por ende, el disfrute de los derechos de las personas.
De manera reciente fue publicado por Transparencia Internacional el Índice de Percepción de la Corrupción, que clasifica a 180 países del mundo con una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
En los años 2020 y 2021, México obtuvo un puntaje de 31 puntos sobre 100, y se ubicó en la posición 124 de entre 180 países, es decir, 123 lugares por detrás del país menos corrupto que es Dinamarca.
El tema es de la mayor relevancia, pues, tal y como lo hemos dicho con anterioridad, el fenómeno de la corrupción es un detonador de la impunidad. Así, según cifras reportadas por el Inegi, la corrupción le costó a México en el pasado año 2021, la cifra de 9,500 millones de pesos.
La compleja realidad que el país atraviesa requiere respuestas integrales, pues aunado a la corrupción la situación económica a nivel mundial ha incrementado los índices inflacionarios en todos los países.
El fenómeno de la inflación se define como el cambio en los precios de una canasta de productos y servicios normalmente adquiridos por grupos específicos de hogares.
Ante la inflación más alta en décadas en México, de más del 8%, en días pasados el gobierno federal anunció un Paquete contra la inflación y la carestía. Se trata de una serie de estrategias con el fin de reducir los índices inflacionarios, en una alianza con empresarios, productores y distribuidores del sector público y privado.
Loable la iniciativa impulsada contra la inflación, pero debería ser reforzada por una gran cruzada contra la corrupción, porque es un fenómeno que incrementa los costos de las cadenas de producción y distribución, reduciendo los márgenes de ganancia o haciendo que el consumidor final absorba dichos incrementos.
La corrupción es un mal endémico de nuestra sociedad y su combate exige el compromiso de todos los sectores. Del sector privado, es fundamental reforzar la importancia de los códigos de ética, a fin de impulsar prácticas empresariales honestas e impedir que las personas que forman parte de las estructuras corporativas se involucren en actos de corrupción en sus relaciones con el sector público o en su ámbito privado.
A nivel social, es fundamental continuar con la educación cívica para fortalecer la “cultura de la legalidad” entre la población, a fin de que en todo momento se respeten las instituciones, el Estado de derecho y los derechos humanos por parte de la ciudadanía.
Más allá de las respuestas hasta ahora brindadas, México debe entender que la democracia necesita no sólo de leyes e instituciones, sino de una cultura ciudadana de vivir dentro del marco de la ley, pues de lo contrario ningún esfuerzo institucional rendirá buenos frutos.
Como Corolario la frase de Ulla Pedersen, ministra de Cooperación al Desarrollo de Dinamarca: “La corrupción es un obstáculo para la democracia y el desarrollo económico en muchos de los países del mundo”.
