La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que extiende a 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad púbica.
El proyecto fue avalado sin cambios con 28 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. El acuerdo de los integrantes de la Comisión presidida por el morenista Juan Ramiro Robledo es que las reservas se discutirán en el Pleno.
La minuta que amplia de cinco a nueve años el uso extraordinario del Ejército precisa que el Presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, coordinada y complementaria.
Plantea también la conformación, a partir de 2023, de un fondo permanente de apoyo para el fortalecimiento de las policías locales y la obligación del Ejecutivo federal de presentar un informe semestral con indicadores para evaluar los resultados de la estrategia de seguridad.
Asimismo, la conformación de una Comisión Bicameral, con facultades para convocar a los titulares de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad y de Marina para rendir cuentas sobre los avances de la reforma.
El emecista Salvador Caro calificó la minuta del Senado como una simulación, ya que quienes la apoyan no les interesa la seguridad pública, sino un pacto de impunidad.
Acusó a Morena de construir mayorías a través de amenazas, porque los senadores Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, así como la bancada del PRI, les dieron sus votos porque tienen cola que les pisen.
«Lo que busca Mancera, lo que buscan quienes están respaldando este dictamen es impunidad, pero no les interesa la seguridad del pueblo de México, porque evidentemente esta reforma no tiene nada que ver con eso», aseguró.
Caro afirmó que la militarización no resiste el análisis, porque hoy el País contabiliza 130 mil muertos, 35 mil desaparecidos y el desmantelamiento de las policías estatales y municipales.
Cuestionó a la mayoría si va a aprobar la reforma aun cuando la Secretaría de la Defensa Nacional fue hackeada y preguntó qué van con los ultrajes a mujeres revelados en los documentos filtrados por la agrupación Guacamaya.
«¿Hay condiciones para darle más confianza a la militarizacón? Por supuesto que no», sostuvo.
El perredista Jesús Alberto Vázquez advirtió que la minuta contribuye a normalizar la presencia de los militares en las calles.
Dijo que la reforma aprobada por la Cámara alta establece que la permanencia castrense en las calles será de forma regulada; no obstante, actualmente no existe un orden jurídico que permita regular la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas.
Vázquez señaló que aun cuando la minuta lo establece, tampoco se garantiza que el quehacer del Ejército será de forma complementaria, porque en los hechos, la Guarida Nacional está conformada en su mayoría por elementos de las Fuerzas Armadas.
Santiago Torreblanca, del PAN, indicó que la minuta tiene deficiencias, porque establece que la intervención de las Fuerzas Armadas deberá realizarse conforme a los criterios establecidos por la SCJN.
El problema, detalló, es que hay discrepancias entre cómo define la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos conceptos.
Como ejemplo, dijo que la CIDH establece que la fiscalización de las Fuerzas Armadas debe realizarla una autoridad civil y técnicamente capaz, pero la minuta establece que esta tarea será llevada a cabo por el Congreso de la Unión.
«Yo les pregunto: ¿Nosotros, como Congreso de la Unión somos técnicamente capaces de evaluar la labor de las Fuerzas Armadas? ¿Tenemos formación militar? ¿Tenemos formación en materia de seguridad pública? ¿Contamos con personal para realizar esa auditoría? Yo no lo creo«, advirtió.
Marco Antonio Mendoza, del PRI, aseguró que el debate en torno a la minuta no es sobre la militarización sino cómo se hacen policías civiles bien capacitadas y profesionales.
«Debemos plantear que hay municipios y estados que no tiene presupuesto para hacer frente al crimen organizado y a la delincuencia. El País vive una crisis verdaderamente severa y nosotros perdemos el tiempo discutiendo materias que no son el fondo del asunto», dijo.
El priista aseguró que la minuta del Senado fortalece la propuesta de Yolanda de la Torre, porque garantiza el respeto a los derechos humanos y establece controles legislativos, señala un sistema de gradualidad para establecer policías civiles y regresa los fondos que les fueron arrebatados a los estados y a los municipios.
En su turno, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, rechazó que la Cámara de Diputados se someta al Senado.
La legisladora subrayó que la fiscalización del actuar del Ejército quedará en manos del Legislativo que por excelencia es el control del poder Ejecutivo. Resaltó que a través de una comisión bicameral recibirán un informe que estarán auditando y evaluando para que haya reglas puntuales.
Reconoció que uno de los puntos más criticados, con justa razón, es la falta de capacitación adecuada de los militares para desarrollar tareas de seguridad; sin embargo, recordó que la minuta incorpora la obligación de capacitarlos bajo la doctrina de la policía civil.
«Este dictamen mejora al que aprobamos hace un par de semanas, incluso pone fecha perentoria límite para las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad, lo que nos da mucha seguridad y certeza a todos los mexicanos», afirmó.
Se prevé que el dictamen sea discutido por el pleno de San Lázaro este miércoles.
