El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reactivó el interés de diputados y senadores por la ciberseguridad en el País tras haber dejado en el olvido diversas propuestas, coincidieron especialistas.
Actualmente hay 12 iniciativas de ley en la materia.
De ellas destaca la del 27 de marzo del 2019, realizada por la senadora Lucía Transviña Waldenrath, quien planteó una iniciativa de Ley de Seguridad Informática en la que se consideraban como delitos el acceso ilícito a sistemas y equipos.
Posteriormente, el 2 de septiembre del 2020, el senador Miguel Ángel Mancera presentó la iniciativa de Ley General de Ciberseguridad, que catalogaba el delito contra la «infraestructura informática crítica, sistemas usuarios y ciberseguridad».
El 6 de abril del 2021, nuevamente Transviña Waldenrath presentó la iniciativa Ley General de Ciberseguridad, donde ya se incluía una partida de metadatos, monedas digitales, proveedor de servicios de internet, reconocimientos biométricos e incluso tocaban temas de propiedad intelectual.
Erick Tavares Robledo, socio fundador del despacho Tavares & Tavares Law Firm, señaló que el Gobierno mexicano debería estar preocupado por los acuerdos firmados en el T-MEC, los cuales reconocen que existen amenazas por internet.
«Se adquirieron diversos compromisos encaminados a desarrollar las capacidades de sus respectivas entidades nacionales responsables de la respuesta a incidentes de ciberseguridad», sostuvo en un análisis.
En tanto, Julian Garrido, director general de la empresa de ciberseguridad Mnemo México, lamentó que no existan personas capacitadas para poder sacar adelante una ley en materia de ciberseguridad.
«Para aterrizarlo (la ley) necesitas especialistas en la industria, dejarlo en manos de los expertos que vivimos esto y que entienda de fondo el reto», apuntó.
Desde la semana pasada, luego de que el hackeo a la Sedena por parte del grupo Guacamaya se hizo público, diputados y senadores presentaron diversas propuestas de ley en torno a la ciberseguridad.
Garrido manifestó que para que esta ley pueda ser avalada y aprobada, se deberá tener en consideración una partida presupuestaria para hacer frente a los retos de ciberseguridad.
«Una cosa es que tengamos un marco legal y otra cosa que exista inversión en tecnología, procesos, gente, para que nuestras instituciones estén más seguras», añadió.