El Gobierno de Cuba abrió procesos penales contra manifestantes que protestaron durante el apagón generalizado que provocó el paso del huracán «Ian» por la isla a finales de septiembre, informó el viernes la Fiscalía General de República, sin precisar la cantidad de personas imputadas.
Estas inusuales protestas en barrios, especialmente de la capital, irrumpieron el 28 de septiembre, un día después de que el huracán golpeara violentamente las provincias más occidentales del país, incluida La Habana, y de que el sistema eléctrico nacional colapsara, dejando la isla a oscuras.
De acuerdo con la nota informativa, los delitos están relacionados con incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas, agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia.
La dependencia dijo que también se realizan acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad en las manifestaciones.
En varias zonas de la capital, de 2.1 millones de habitantes, ocurrieron protestas y cacerolazos durante varios días en los que los pobladores también cerraron calles con contenedores de basura.
Durante dos noches seguidas se cayó el servicio de internet en el país, mientras que en La Habana se desplegó un fuerte operativo de seguridad con policías uniformados, agentes vestidos de civil y brigadas integradas por personas afines al Gobierno.
Pese a que la electricidad se reinstaló rápidamente en casi toda la ciudad, los habaneros desesperaron porque los prolongados apagones ponían en peligro los escasos alimentos que atesoraban en sus congeladores e impedían también el servicio de agua.
El sitio de periodismo de datos Proyecto Inventario informó en su cuenta de Twitter que entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre registró al menos 92 protestas, ocurridas en 11 de las 15 provincias del país.
La AFP pudo constatar la aprehensión de al menos dos jóvenes manifestantes el sábado 2 de octubre en una protesta en Línea, una céntrica avenida de la ciudad.
Estos cacerolazos ocurrieron 14 meses después del histórico 11 de julio, cuando miles de cubanos protestaron al grito de «Libertad».
Cerca de 500 manifestantes del 11 y 12 de julio recibieron condenas, algunos de hasta 23 años de cárcel, según la Fiscalía.
