Por Francisco Javier Acuña
A propósito, el presidente López Obrador reconoció: “México tiene el control directo en la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, cualquiera que sea su estado físico”, y así quedó consignado en el Capítulo 8vo del T-MEC. En otras palabras, así se afirma la soberanía nacional o también conocida como la soberanía energética.
El petróleo ha sido fuente de obsequios, permisos, conflictos y pactos presidenciales. Por algo el poeta universal Ramón López Velarde se refirió en la Suave Patria: “El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo”.
Corría el año de 1887 y el gobierno de Porfirio Díaz extendió a la Waters Pierce Oil permisos para la explotación del subsuelo nacional. Así iniciaba la industria petrolera.
En 1901 fue aprobada la primera Ley del Petróleo, que reconocía al titular del Poder Ejecutivo facultades para expedir concesiones petroleras: pronto se instalaron la Standard Oil;la Mexican Sinclair Petroleum y la Royal Dutch Shell.
Francisco I. Madero estableció un gravamen a la producción con un impuesto del timbre de tres centavos por barril, Decreto del 3 de junio de 1912.
Carranza estuvo a punto de echar todo a perder al introducir la Cláusula Calvo, que igualaba ante la ley a los ciudadanos nacionales como a extranjeros. Sin embargo, el artículo 27 de la nueva Constitución convirtió al petróleo en patrimonio nacional.
Lázaro Cárdenas puso en marcha la política nacional de hidrocarburos y asentó que la industria petrolera es nacional y la administra el Estado porque se trata de una propiedad del pueblo, reservada a éste por el artículo 27 Constitucional, “la industria petrolera, por su naturaleza, no es equiparable a la industria particular, las rentas de la industria petrolera son para el bien de la República y para el mejoramiento de los niveles de vida de la población”.
José López Portillo, en medio de los descubrimientos de grandes yacimientos, expresó: “vamos a aprender a administrar la opulencia”. Ahí se descarriló la locomotora de la sensatez, con el progresivo endeudamiento externo. Desde la etapa de Luis Echeverría había comenzado una ruta azarosa basada en el populismo demagógico que, entre otras medidas, incluía la donación constante de importantes cantidades de crudo mexicano a países latinoamericanos en un contexto de respaldo ideologizado.
Las reformas constitucionales de diciembre del 2013, modificaron el funcionamiento del sistema energético nacional y la reforma a Pemex, que tenía una carga fiscal inmanejable. A mediados de 2015 los pasivos de Pemex superaron a sus activos en 36 y 44%, respectivamente; el “patrimonio negativo” fue equivalente a 4.5 puntos del PIB en 2014.
Los indicadores de recuperación de los valores perdidos por Pemex fueron mejores entre 2019 y 2022, con un aumento en la producción de crudo y utilidades cifradas en más de 100 mil millones de pesos. Aun así, la reforma eléctrica que no pasó en la Cámara de Diputados recientemente traía componentes relativos a Pemex y la erradicación de la incidencia de inversionistas externos en tareas relativas a la exploración y extracción de petróleo. Apenas hace unos días se avisó, por el secretario de Gobernación, que retomarán la reforma eléctrica por el nuevo acuerdo con el PRI.
