El decreto para la libre importación de insumos para alimentos de la canasta básica carece de detalles para determinar su impacto en los precios finales al consumidor, además de que beneficiará a un reducido grupo de empresas, opinaron especialistas.
Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA), explicó que, al no definirse en la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) los productos finales, sino sólo los insumos a granel, difícilmente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá vigilar que se respeten los acuerdos sobre la canasta básica.
«El decreto no define la parte fundamental, que es contener la inflación, ya que no define la canasta básica ni menciona claramente los productos que la están conformando.
«Sólo viene una relación de productos que van a estar libres de aranceles y de cupos, y esta simplificación de los trámites de importación que puede eximir a las empresas de no realizar los trámites de temas sanitarios», refirió el especialista.
Además, debido a que en algunos productos incluidos en el acuerdo, como frutas y hortalizas, México es superavitario, difícilmente el decreto se reflejará en menores precios al consumidor final.
Anaya señaló que si bien el padrón permite que cualquier empresa pueda realizar la libre importación sólo cumpliendo las condiciones que se establecerán, esta medida limitará los beneficios a un reducido número de empresas y dejará fuera a comercios como mercados, tianguis y tortillerías tradicionales.
Al respecto, Eduardo Pérez Motta, socio de la consultora SAI, consideró que el acuerdo no da un mismo piso para la competencia, pues si bien todavía no se conocen los requerimientos para integrarse al padrón, no todas las empresas podrán adherirse, en especial las de menor tamaño.
«Habrá que ver cuáles son las reglas para entrar a ese padrón, pero si son reglas que no aplican para todas las empresas que cumplan con vender productos de la canasta básica, entonces habría discriminación. Es muy probable que haya empresas medianas y pequeñas que no hayan impactado y simplemente no tienen derecho», destacó Pérez Motta.
«Mientras no sepamos qué va a decir la regulación, es difícil prever, pero con el decreto como está establecido es probable que empresas de menor tamaño tengan problemas«, indicó el socio de SAI.
Además, el expresidente de la otrora Comisión Federal de Competencia (CFC o Cofeco), señaló que la medida deja en desventaja a los productores nacionales que sí deben cumplir medidas sanitarias y de revisión de calidad para comercializar sus productos.
Agregó que la medida aplicada se reflejará en mejores condiciones de compra para un segmento de consumidores que va a tiendas de autoservicio, pero no considera acciones que se reflejen en mercados sobre ruedas.
Ambos especialistas coincidieron en que una medida que pudo impactar directamente a los precios, más que la libre importación, sería acuerdos directos con los comercializadores y facilitar menores requisitos tanto en importadores como en productores.
«El criterio debería ser simplificarle la vida a todos, que se cumplan condiciones de calidad, salud e higiene», acotó Pérez Motta.
«Lo que se pudo haber aplicado es una simplificación regulatorio para todos y ahí sí bajas los costos a todos, productores nacionales, importadores pequeños y grandes».
Para el exfuncionario, incluso si no se determinan los compromisos y obligaciones por recibir los beneficios, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tendría que intervenir.
«En la medida que dichas obligaciones y compromisos tengan por objeto o efecto que las empresas no fijen de manera independiente sus precios o descuentos, la Cofece podría considerar que las empresas están realizando una práctica monopólica absoluta«, advirtió.
