José Buendía Hegewisch
Reforma electoral a la sombra del caudillo
La reforma electoral camina como Lázaro desde el sepulcro de la “moratoria constitucional” declarada por la oposición para darla por muerta en el sexenio. Pero en San Lázaro la iniciativa presidencial para cambiar las reglas del juego electoral resucita en las peores condiciones de intoxicación política por presentarse como una vendetta contra el INE y algunos consejeros, que confunde con opositores y ataca como defensores de fraude y dispendio.
Aunque eso no debía significar renunciar a revisar problemas de nuestra democracia, como la mala calidad de la representación política, viejas prácticas corruptas e incluso un modelo electoral que ha pretendido solventar la desconfianza en las elecciones con ingentes cantidades de dinero público a las instituciones electorales y partidos. Ésta ha sido la orientación constante de las reformas los últimos 45 años para contener pulsiones autoritarias y someter a todos a condiciones parejas en la competencia, aunque ni la alternancia ha logrado desterrar la desafección. Hacer cambios en el modelo electoral no tendría que alarmar, así ha sucedido después de cada elección, sino fuera por correr en el circuito de revancha.
Ése es el espíritu que, esta vez, la anima, y apenas disimulado con el argumento de racionalizar un aparato electoral obeso y muy costoso. Esa crítica es válida, pero no es el fondo de la discusión. Las pulsiones de poder ocupan el centro del debate y alejan la política del consenso clave para el tránsito de reformas anteriores. La discusión no pretende acuerdos, sino votos para una reforma exprés, aunque su contenido sea trascendental para el futuro de la democracia. Que se dispara con mensajes para imbuir en el ánimo social la necesidad de eliminar algo nocivo, que se preocupa de dar un exceso de información manipulada con el fin de crear un estado de opinión que persuada que el INE es moralmente inadmisible. En una democracia que cada día importa a menos en el país.
La intoxicación política dificulta distinguir entre lo posible y lo deseable. El contexto es desfavorable para una reforma que viene del poder, a diferencia de todas las anteriores, y el reloj corriendo con la aprobación del presupuesto el próximo 15 de noviembre. Si es difícil pensar sin tener tiempo, mucho más reflexionar para evitar tropiezos y regresiones. Mientras lo que está en juego es la credibilidad de las elecciones y la legitimidad democrática en 2024, el foco de atención está puesto en la necesidad inmediata del respaldo legal para reducir en el Congreso el presupuesto del INE para 2023, después de que la Corte invalidara el recorte del año pasado.
La SCJ declaró recientemente que el mayor recorte en la historia del INE en 2022 carecía de fundamento y violentaba su autonomía. Este año ese obstáculo podría removerse si se aprobara una reestructuración del INE o reducir la estructura territorial electoral con una reforma legal, sin necesidad de cambios constitucionales.
Los coordinadores en San Lázaro definirán hoy la ruta de una reforma calificada como “híbrida” por incluir a la ley electoral y también a la Constitución. Una compactación del INE podría salir de la primera y sólo requerir el voto de Morena, pero otros cambios como la elección del consejo por voto popular o la reducción del presupuesto de los partidos y de los tiempos de radio y TV, exigen el apoyo de su coalición y del PRI para sumar una mayoría calificada.
A pesar de su extinguida moratoria legislativa, la oposición mayoritaria del PAN y el PRI dice rechazar esos cambios. Por eso la ruta de la reforma depende de saber hasta qué punto los priistas estarían dispuestos a líneas rojas en la reingeniería del INE una vez que Morena acepta modificar la propuesta del Presidente. Por su parte, los panistas parecen también dispuestos a hacer ajustes al INE si se desactivan puntos clave de la reforma constitucional, para no quedar aislado como en la aprobación de la Guardia Nacional.
El Primor, al menos en este sexenio, es la única ruta para hacer una reforma escalable desde la ley electoral hasta la constitucional, que de cualquier forma será un “golpe” al INE de las últimas dos décadas. Y si bien las reformas también han sido una constante tras cada elección, el camino que ahora inicia puede marcar una dirección sin retorno hacia la siguiente escala en 2024 cuando cambie la composición del Congreso.
