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miércoles 18 de septiembre de 2024

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Bitácora del director

Bitácora del director

Por Pascal Beltrán del Río

Venezolanos en México

¿Qué habrá recibido el gobierno mexicano a cambio de aceptar el ingreso de los miles de migrantes venezolanos que está expulsando Estados Unidos?

La respuesta a esa pregunta quizá no la conozcamos pronto. Al menos no de aquí al 8 de noviembre, cuando se celebre la elección intermedia en el vecino país.

Tal vez habría que buscarla en la afirmación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que Washington ya había decidido no llamar a un panel de solución de controversias para resolver el diferendo con México sobre energía.

¿Por qué lo digo? Porque si bien la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y el embajador Ken Salazar respondieron a López Obrador que el proceso continúa, lo cierto es que ya se rebasó por dos semanas el plazo legal que tenían las consultas y el panel no ha sido convocado ni el pleito se ha resuelto.

En estos momentos, México tiene algo que al presidente Joe Biden y al gobernante Partido Demócrata les urge: la posibilidad de aliviar en algo la crisis migratoria y ayudar a mostrar que Estados Unidos no ha sido rebasado por las olas humanas que golpean la entrada de ese país. El que México haya aceptado recibir a los venezolanos deportados —una medida que recuerda mucho al programa Remain in Mexico del expresidente Donald Trump— quita a los opositores republicanos una de sus principales banderas de campaña.

Lo que va a ser inevitable es que México ahora juegue el papel de expulsor de los venezolanos que ya están aquí y contenedor de los que aún buscan llegar, muy al estilo de lo que hizo con los centroamericanos cuando Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en 2019.

La presencia de los venezolanos en México no es sólo un recordatorio del acuerdo con Estados Unidos, que ya fue condenado por la Organización Internacional de las Migraciones, sino prueba del daño que provocan las políticas populistas.

Ayer, en Imagen Radio, entrevisté al migrante Ángel Almeida, quien dejó su natal Puerto Ordaz hace 35 días, logró llegar a territorio estadunidense luego de recorrer seis mil kilómetros, y ahora, tras de ser deportado, acampa frente a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la Ciudad de México, esperando un permiso para quedarse aquí, cosa que se ve casi imposible.

“Nosotros no queríamos dejar Venezuela”, me explicó. “Pero no se puede vivir allá con tanta delincuencia y teniendo que pagar vacunas (extorsiones) con el poco dinero que ganamos. Si un día cae ese gobierno, volveremos, pero, mientras tanto, es imposible”.

Qué desgracia para los venezolanos: millones de ellos han sido obligados a salir de su país por las políticas desastrosas del maduro-chavismo —un régimen con el que el gobierno de López Obrador se lleva de piquete de ombligo— y ahora víctimas de los arreglos entre Estados Unidos y México. 

BUSCAPIÉS

*De acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (junio de 2022), la producción y embarques de cocaína van al alza en el mundo. En 2020 se procesó casi lo doble de la droga que en 2014. En tanto, los datos oficiales de incautaciones en México por parte de personal militar muestras cifras a la baja: seis mil 598 kilos en 2021 contra 10 mil 610 kilos en 2019.

*Las actividades criminales también se han beneficiado de las extorsiones, que aumentaron 12.3% entre 2021 y 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, está al alza el número de migrantes, lo cual implica que igualmente lo está el tráfico de personas, actividad de la que los grupos delincuenciales sacan enorme provecho.

*Habida cuenta de lo anterior, no entiendo de dónde sale la cifra de 33 mil millones de dólares que el gobierno federal habría impedido que reciban las organizaciones criminales, según dijo en su comparecencia del miércoles, en el Senado, la secretaria de Seguridad. Quizá del mismo lugar que el dato de los 1.4 billones de pesos en “ahorros”, por el combate a la corrupción, los cuales hasta ahora nadie ha visto.

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