A través de una protesta pacífica, colectivas feministas de la región Laguna exigieron que se visibilice y se legisle en contra de la violencia vicaria, que afecta tanto a las infancias como a las mujeres. En este sentido, la activista Ariadne Lamont enlistó una serie de peticiones dirigidas hacia el Poder Judicial, entre ellas destaca la creación de mesas interinstitucional permanente para la revisión de las carpetas de investigación con estándares normativos y de no revictimización.
«Todos estos casos están empantanados que no avanzan porque se les ha hecho un mal proceso, que no han tenido una buena defensa, que no han tenido una buena asesoría y que las víctimas directas e indirectas han sido humilladas, regañadas. Queremos que esa mesa interinstitucional tenga titulares responsables de cada instancia con capacidades de tomar decisiones, donde se escuchen a las víctimas cuyos casos no avanzan», expuso.
«Exhortamos al poder legislativo a que haya un grupo de mujeres donde hay víctimas de violencia vicaria que nos inviten, que nos reciban porque no pueden elaborar una iniciativa de ley sin escuchar a las víctimas, a las mujeres que están viviendo de cerca ese detalle», agregó la activista.
Según la CNDH, la violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra.
En la violencia vicaria confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial e institucional. En los casos más graves, la violencia vicaria puede causar tal sufrimiento, que la persona puede terminar con su vida.
