Los brasileños son bombardeados con desinformación a una semana de la segunda ronda de las elecciones presidenciales entre el Presidente, Jair Bolsonaro, y el ex Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
En las redes sociales se dice, erróneamente, que el candidato izquierdista planea cerrar las iglesias y permitir que los varones usen los mismos baños que las mujeres en las escuelas públicas si es elegido.
También se afirma falsamente que el el derechista confesó haber incurrido en actos de canibalismo y pedofilia.
Abundan los rumores sin fundamento y la andanada de versiones falsas hizo que la semana pasada la autoridades electorales dispusieran de lo que muchos expertos describen como las restricciones a la libertad de expresión más severas jamás registradas en esta joven democracia.
Se trata de un dilema que plantean las plataformas digitales de todo el mundo y Brasil adoptó una postura de mano dura. Los especialistas señalan que, al hacer eso, las autoridades generan dudas acerca de su compromiso con la defensa de la libertad de expresión.
“Lo que pasa en Brasil, con Facebook, con YouTube y con otras plataformas se parece mucho a lo que sucedió en Estados Unidos en las elecciones del 2020“, expresó Vicky Wyatt, directora de campaña de la organización SumOfUs, de Estados Unidos.
“Un individuo puede publicar algo que no tiene mucho eco, pero que se va filtrando con el correr del tiempo y termina teniendo consecuencias negativas”.
En términos generales, los canales conservadores generan más contenido y más falsedades. Según estadísticas del Instituto Igarape, en los ocho días previos y posteriores a la primera ronda, del 2 de octubre, los canles de YouTube de extrema derecha fueron vistos 99 millones de veces, mientras que los de izquierda tuvieron 28 millones de visitantes.
Analistas políticos y la Oposición expresan el temor de que la maquinaria de internet de Bolsonaro lo ayude a cuestionar los resultados si pierde, diseminando denuncias falsas de fraude.
El Tribunal Electoral Superior, la máxima autoridad electoral del país, anunció el jueves que prohibiría el contenido falso o muy fuera de contexto, que pueda afectar la integridad del proceso electoral.
En los días previos a la segunda ronda, pautada para el 30 de octubre, medios como YouTube y Meta (Facebook) tendrán apenas una hora -mucho menos que en el pasado- para eliminar todo contenido problemático. Ninguna de estas empresas comentó la medida.
Las plataformas que no cumplan con ese plazo podrán ser multadas con hasta 150 mil reales (28 mil dólares) por hora. También podrían ser bloqueadas por hasta 24 horas.
El presidente del tribunal electoral, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, dijo que la agresividad de esta información y del discurso de odio justifica la medida.
El procurador general Augusto Aras, designado por Bolsonaro y quien es visto como un aliado del presidente, pidió a la Corte Suprema que reconsiderara la medida, diciendo que era inconstitucional. Sostuvo que representa una “censura previa” y que viola la libertad de expresión y el derecho a informar y a ser informado. La Corte Suprema analizaba la solicitud el martes.
El tribunal electoral también prohibió la publicidad electoral paga en la internet los dos días previos y el día posterior a la votación.
Las medidas irritaron a muchos partidarios de Bolsonaro. Otros dicen que fueron justificadas por la magnitud de la guerra sucia que se libra en internet.
La desinformación es más radical -y organizada- que en la campaña presidencial del 2018, en la que agrupaciones de extrema derecha fueron acusadas de diseminar desinformación, tratando de favorecer a Bolsonaro.
“Lo del 2018 fue un juego de niños. Fue algo más honesto, en el sentido de que ideológicamente creían en lo que pasaba y crearon canales para ser parte de la conversación”, comentó Guilherme Felitti, fundador de Novelo Data, empresa que monitorea más de 500 canales conservadores de YouTube.
Algunos de esos canales pasaron a ser un negocio, que se mantiene con avisos y donaciones de sus crecientes audiencias. Varios de sus creadores se han postulado a cargos públicos este año.
Enzo Leonardo Suzi, más conocido por el nombre que usa en YouTube, Enzuh, es uno de ellos. Lanzó su canal en el 2015.
Cuando Bolsonaro inició su campaña, Suzi empleó su canal de YouTube para crear varios grupos de WhatsApp, incluido uno llamado “fábrica de memes”, para criticar a los supuestos rivales de Bolsonaro: Alcaldes, Gobernadores y hasta de Moraes, el juez de la Corte Suprema.
Fue hallado culpable y multado con 50 mil reales (casi 10 mil dólares) cinco veces por denuncias de difamación. Además, es uno de los blancos de una investigación de la difusión de noticias falsas que lleva a cabo la Corte Suprema.
Con cada juicio, sin embargo, gana seguidores.
“Pensaba en YouTube como si fuese un juego”, declaró Suzi a la Associated Press. “Mi plan desde el primer momento fue ser un agente provocador, maldecir a los mafiosos corruptos, que me demanden y aprovechar eso para crecer”.
Sus cuentas de WhatsApp e Instagram fueron bloqueadas, pero no su canal de YouTube, donde sigue publicando cosas a diario. Se postuló a legislador estatal, aunque sin lograr la banca este mes.
Bolsonaro dice desde hace tiempo que el sistema de voto electrónico es usado para cometer fraudes, aunque nunca presentó pruebas de ello. Recuerda que hackers en una ocasión penetraron la red de computadores de la comisión electoral. El tribunal electoral señaló que los hackers no tuvieron acceso a información sobre el recuento de votos.
De todos modos, en las redes circuló información falsa o engañosa sobre el equipo electrónico usado en las elecciones.
Ordem Dourada do Brasil, una organización de extrema derecha que añora los tiempos de la dictadura militar de 1964-1985, publicó videos en los que se compromete a ir a la guerra “si es necesario”. Cuestiona el sistema usado para votar y exhorta a la gente a salir a la calle y apoyar a Bolsonaro.
La Corte Suprema y algunos de sus jueces también fueron blanco de campañas de desinformación. Una publicación amenazó con usar la violencia contra las hijas de los jueces. Otras exigen que se elimine esa institución.
El año pasado, la corte inició una investigación de una red a la que acusó de diseminar noticias difamatorias y amenazas contra los jueces. La Policía realizó más de dos docenas de allanamientos y confiscaciones.
Bolsonaro y Lula denunciaron campañas de desinformación y lograron que los tribunales las bloqueen o eliminen. Las denuncias de desinformación hechas por el tribunal electoral aumentaron un mil 671 por ciento este año respecto a las elecciones locales del 2020, según dijo ese órgano la semana pasada.
Un miembro del Partido de los Trabajadores de Lula fue asesinado a tiros en julio. Desde entonces ha habido, casi todas las semanas, denuncias de agresiones con fines políticos.
Tai Nalon, fundadora de AosFAtos, una agencia que corrobora los hechos, dijo que el gran reto que enfrenta la lucha contra la desinformación que circula en redes sociales es tomar las decisiones apropiadas. “Ninguna ley regula las plataformas (online) ni dice cómo debe proceder la justicia con ellas”, manifestó.
