El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Alfredo Higuera, solicitó a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos indagar cualquier posible delito cometido por fiscales federales en el caso de siete vehículos de lujo decomisados a una banda de hackers y que fueron subastados sin tener autorización judicial.
El caso escaló al grado de que un juez federal abrió un procedimiento por desacato en el cual pidió analizar la destitución de altos funcionarios, aunque no del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) -que enajenó las unidades- sino de la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos el propio Higuera.
Grupo REFORMA publicó ayer que, sin tener un fallo judicial, el Indep vendió siete vehículos de lujo asegurados a una organización delictiva de hackers, y ahora enfrenta una demanda.
Las unidades de alta gama, como Ferrari, Lamborghini, McLaren y Mercedes Benz, legalmente no podían ser enajenadas y al parecer no eran propiedad de los acusados.
Una demanda de amparo presentada por Intermediaria Sotecami en contra del aseguramiento y venta de los autos, cuya propiedad reclama y que fueron incautados a la desarticulada organización «Bandidos Revolutions Team», tuvo como consecuencia tanto la investigación como el procedimiento de inejecución de sentencia contra funcionarios de la FEMDO.
«El titular de la FEMDO ha solicitado la intervención de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos a fin de que revise el proceder del personal ministerial en la atención no sólo del juicio de amparo mencionado, sino que también se examine la actuación ministerial en general del caso del que deriva el amparo de referencia«, señaló la FGR, consultada al respecto.
Erik Zabalgoitia, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo de esta capital, inició un procedimiento de inejecución de sentencia para que se analice la destitución del cargo y la consignación penal de Nallely Velázquez Ángeles, agente del Ministerio Público, e Higuera.
El 15 de febrero, Zabalgoitia concedió un amparo a Sotecami, en el que ordenó a la FEMDO dejar sin efecto el aseguramiento de los autos dictado el 16 de mayo de 2019 -un día después de las capturas de los hackers- y determinar nuevamente si debía imponer la medida precautoria, con la debida fundamentación y motivación.
Este fallo no fue impugnado, así que quedó firme, lo que dio lugar a que el juzgador exigiera a la Fiscalía cumplir con la sentencia.
Como estimó que no lo hizo en forma satisfactoria, el juez multó a los funcionarios con 9 mil 622 pesos y luego inició un incidente de inejecución y lo turnó a un tribunal colegiado, aduciendo que la fiscal Velázquez y su superior jerárquico, el titular de la FEMDO, desacataron el fallo.
Consultada al respecto, la Fiscalía argumentó que no fue desacatado el resolutivo, que tiene documentado que sí cumplió con su sentencia y que, por ello, confía en que será cancelada la multa y no prosperará el incidente de inejecución de sentencia.
Precisó que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, responsable de la investigación, fue la única autoridad demandada en el amparo y que el titular de la FEMDO, a través del área Jurídica, le instruyó dar cumplimiento a la sentencia.
«Se ha interpuesto el recurso de queja que la Ley de Amparo prevé, a fin de que el Tribunal Colegiado de Circuito deje insubsistente la multa impuesta al titular de la FEMDO, en virtud de que sí se atendió por éste lo requerido por el Juez, y de eso existen constancias», precisó.
«Por otra parte, se considera por las razones ya anotadas, que deberá declararse infundado el incidente de inejecución de sentencia aperturado».
El juez Zabalgoitia se enfocó en la FGR y no en el Indep porque, cuando requirió al Instituto, la Coordinación de Amparo, Agrario y Administrativo negó haber dado la orden para poner a la venta los vehículos, según la sentencia de amparo.
