Una jueza federal dio hoy por terminado el concurso mercantil de Altán Redes, al aprobar un convenio de reestructura de pasivos por casi 30 mil millones de pesos, que fue posible por la intervención del Gobierno federal para rescatar a esta empresa.
Olga Borja Cárdenas, jueza Primera de Concursos Mercantiles, aprobó el convenio que ya tenía el apoyo de la mayoría de los acreedores, pero rechazó dar su visto bueno a la cláusula 30 del acuerdo.
La jueza pidió al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) publicar su sentencia, lo que hasta ahora no ha sucedido, por lo que no se conoce la cláusula 30 ni el resto del convenio, el cual establece los términos en los cuales se irán pagando los 120 créditos reconocidos en el proceso.
Los acreedores inconformes con el convenio pueden apelar ante un tribunal unitario, pero mientras tanto, están obligados a acatarlo.
Altán Redes es, desde el sexenio pasado, la empresa responsable de instalar la Red Compartida de Telecomunicaciones (RCT) para llevar internet de banda ancha a todo el País, proyecto derivado de la reforma Constitucional de 2013, e implementado como una Asociación Público Privada (APP).
La empresa ha desplegado una cobertura que alcanza a 80 millones de personas y casi 109 mil localidades, pero no vende servicios directamente a los consumidores, sino a operadores móviles virtuales que carecen de infraestructura propia.
Altán inició el concurso por la imposibilidad de pagar sus deuda -de la que más de 13 mil 600 millones de pesos eran con los tres bancos de desarrollo del Gobierno- y para enero de 2022, reportó un déficit de 2 mil 800 millones de pesos para sus gastos de los siguientes tres meses.
Otros acreedores importantes eran Huawei Technologies y China Development Bank, que reclamaban 6 mil 400 millones de pesos, y el consorcio finlandés Nokia, con créditos reconocidos por 5 mil 117 millones de pesos.
En junio pasado, el Gobierno anunció el rescate de Altán, mediante un crédito de 161 millones de dólares de Bancomext, al que se sumaron 166 millones de dólares aportados por proveedores, 50.5 millones de accionistas de la empresa, y 10 millones de dólares de sus clientes.
El acuerdo incluyó la renovación completa del Consejo de Administración y de los principales directivos de la empresa.
Si bien técnicamente Altán sigue siendo una APP, ha quedado bajo control del Gobierno, que según informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto, es ahora su principal accionista.
Altán tiene el uso exclusivo de la banda de 700 MHz y su nuevo director, Carlos Lerma, dijo en julio que buscarían convertirse en operador minorista para competir directamente con Telcel, AT&T y Telefónica.
