Jorge Fernández Menéndez
¿Reforma o liquidación electoral?
La reforma electoral que pretende imponer el gobierno federal no sólo parece ser inviable políticamente, ya que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para salir adelante, sino que también es contraproducente para el país, para la democracia, incluso para la estabilidad. El fondo de la propuesta pasa por acabar con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por supuesto que si se pregunta en una encuesta si se deben elegir los consejeros por voto popular, la mayoría de la gente dirá que sí. Pero si se preguntara si se quiere que el gobierno vuelva a controlar las elecciones, el resultado será muy diferente. Elegir a los consejeros electorales y magistrados del TEPJF por voto directo es una aberración que no se da en ninguna democracia del mundo: es una forma de partidizar por completo el sistema electoral y ponerlo prácticamente en manos del Presidente en turno. Puede haber otras alternativas, como en Brasil, Argentina o Chile, donde los funcionarios electorales son elegidos a partir del Poder Judicial, pero en ninguna democracia del mundo se eligen por voto directo, porque, evidentemente, esa misma elección partidiza esos cargos.
Acabar con plurinominales tampoco es una buena idea. En las pasadas elecciones, Morena tuvo 35% de los votos; el PAN, 18.5; el PRI, 18 por ciento. Luego estuvieron el Verde y MC, con poco más del siete, y el PRD y el PT, con 3% cada uno. Ésa es la representación real de los partidos. Hoy, por los votos uninominales y la cláusula de gobernabilidad, ya está desproporcionada su representación, en forma muy favorable para el oficialismo: Morena, sola o en coalición, ganó en 185 distritos con poco más del 35% de los votos, el PAN y sus partidos aliados ganaron 107 distritos, aunque la diferencia entre las dos coaliciones fue, en números gruesos, de alrededor de un millón de votos.
Ahora también se maneja la posibilidad de establecer listas plurinominales en cada estado. Podría ser viable. La pregunta es cómo se podrían procesar las candidaturas independientes e incluso aquellas en las que un candidato o candidata no tenga el beneplácito de la dirigencia del partido. Quizá deberíamos tener procesos como los de Argentina o Uruguay, con elecciones previas que son las que definen las candidaturas.
La reforma electoral real pasa, por supuesto, por reducir el financiamiento, pero no al INE, sino a los partidos, que superó, sólo a nivel nacional, este año sin elecciones federales, casi 6 mil millones de pesos. Si le sumamos lo que cuesta a las empresas de radio y televisión el irracional sistema que les obliga a dar 48 minutos diarios de espacios en cada medio a partidos e instituciones, la cifra se eleva mucho más. Implementar el voto electrónico también ahorraría mucho: lo acaba de hacer Brasil sin mayores problemas. El INE ya cuenta incluso con equipo propio para avanzar en el voto electrónico. Su implementación es sólo un tema de confianza.
El financiamiento del INE se puede reducir, pero no se compara con la discrecionalidad con que los partidos utilizan sus recursos, controlados, lo mismo que los espacios de radio y televisión, exclusivamente por sus dirigencias. Las reformas, sobre todo la de 2013-14, dejaron el control partidario, en términos de candidaturas y recursos, casi totalmente en manos de sus dirigentes. Y la elección democrática de éstos vemos que suele brillar por su ausencia.
Tampoco contamos con una de las herramientas más importantes en los sistemas democráticos modernos: la segunda vuelta. Hemos copiado en nuestro sistema electoral mucho de Francia, pero no la segunda vuelta. El ballotage se aplica en Francia desde 1852 y se diseñó para que nadie sin mayoría fuera designado jefe de Gobierno o diputado uninominal. En Francia, cuando no se alcanza una mayoría absoluta (en muchos países se pone como límite el superar un 45% o una diferencia con sus rivales de por lo menos 15%), se repite una segunda vuelta con los dos principales contendientes, tanto para presidente como para legisladores, y se mantiene a los plurinominales para equilibrar la representación proporcional. En muchos otros países la segunda vuelta es exclusivamente para presidente, como acaba de ocurrir en Brasil.
Hoy casi todas las democracias del mundo tienen segunda vuelta. Es la segunda vuelta la que permite que quien gane en ella haya tenido que asumir una serie de acuerdos con los rivales o sectores que lo apoyaron para lograr esa mayoría, lo mismo para la presidencia que para las diputaciones o senadurías. Dicen los franceses que en la primera vuelta se escoge, en la segunda se elimina. En otras palabras, en la primera vuelta la gente expresa sus preferencias, en la segunda elimina, descarta, a quien no quiere en el gobierno. Es un instrumento que no asegura nada, como ningún sistema político, pero ha demostrado ser muy útil en los procesos de democratización en América Latina.
Por supuesto que esto de nada sirve sin organismos electorales independientes y autónomos. El INE y el TEPJF lo son. Deben ser defendidos y, en última instancia, en 2023 tiene que haber cambio de algunos consejeros. Allí habrá una oportunidad de renovación, que no sea una liquidación.
