Mientras que habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo han destinado recursos del Presupuesto Participativo para la defensa legal del Parque de la Colonia Reforma Social, un particular explicó que se trata de un espacio de propiedad privada cuyo litigio se ganó en 1977.
REFORMA publicó que desde 2019, los colonos han dirigido la partida vecinal para contratar abogados ambientalistas y así defender la posesión del parque, el cual, aseguraron, es del Gobierno federal, pero es aprovechado por los vecinos.
Tras ello, Julio Escobar, representante legal de los propietarios, explicó que en 1946 Carlos Cuevas Lascurain vendió un área de terreno al Gobierno federal para que constituyera la Colonia Reforma Social.
Esa venta no incluyó un área baldía que, posteriormente, el Gobierno federal convirtió en parque y razón por la que se inició un juicio en 1977, explicó.
Escobar apuntó que en ese año un juez resolvió a favor de los particulares la posesión sobre el terreno del parque.
«Que nosotros teníamos la razón, ser propiedad privada, que la escritura de 1946 no abarca el terreno que la asociación defendió, o sea, el parque, y que tiene que ser devuelto.
«Nos tienen que regresar el terreno en la situación en la que estaba antes de la afectación (…) con uso de suelo habitacional», comentó Escobar en entrevista.
Detalló que debido a que las autoridades no cumplieron con la resolución, iniciaron en 2002 un incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La SCJN resolvió a favor de los particulares, en donde se ordenó al Presidente de la República de ese momento dejar insubsistente un decreto de 1977 con el que se ostenta como poseedor del parque, mencionó.
Además de que se instó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales cancelar un plano, mientras que al Gobierno del entonces Distrito Federal le pidió regresar la posesión material del terreno a los quejosos, indicó.
«Lo que hicieron en el 2002 es (identificar) qué autoridades son actualmente las que afectaron en 1977, para que ellas estén obligadas a cumplimentar la sentencia.
«Y al que le toca restituir la posesión material del terreno es al Gobierno del Distrito Federal.
Ahora, si lo quieren tener como parque y lo quieren tener como espacio público, o que lo compren o que lo expropien, a valor comercial», expresó Escobar.
Además, cuestionó que se destinen recursos del Presupuesto Participativo a un espacio que es de propiedad privada.
