La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su segundo intento por conseguir 25 órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios y particulares por el pago que hizo Segalmex de más de 145 millones de pesos por 7 mil 840 toneladas de azúcar, de las cuales no fueron entregadas 4 mil 729 toneladas.
Esta vez fue Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien negó los mandamientos de captura contra los presuntos implicados por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El 16 de agosto pasado, Álvaro Niño Cruz, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, negó por primera vez estos mandamientos judiciales argumentando que la FGR no acreditó que la aprehensión de los imputados fuera la manera más idónea de hacerlos comparecer ante la justicia.
La Fiscalía no apeló el fallo y decidió traer el expediente a la Ciudad de México para judicializarlo, lo que hizo con una segunda solicitud de órdenes de aprehensiones, pero el 18 de agosto, el juez Fuerte Tapia también rechazó librar los mandamientos privativos de libertad.
Dicho juzgador, como su colega de Oaxaca, estimó que la FGR no justificó que las capturas de los implicados sea la forma más adecuada de conducirlos al proceso, es decir, la necesidad de cautela, pero al mismo tiempo señaló que había una deficiente argumentación sobre los delitos.
Al igual que en el fallo anterior, el resolutivo de Fuerte Tapia no constituye un pronunciamiento de fondo, sino de aspectos de técnica jurídica que pueden ser corregidos y subsanados por la FGR para volver a judicializar el expediente.
La negativa de Fuerte Tapia tampoco fue apelada, ya que la Fiscalía optó por perfeccionar el análisis de la necesidad de cautela, la argumentación sobre cada tipo penal y el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados. Se espera que vuelva a pedir las aprehensiones.
El contrato cuestionado fue suscrito en abril de 2020 por Diconsa para que la empresa Carregin le proveyera de 25 mil toneladas de azúcar por 465 millones de pesos.
Los problemas de logística por Covid-19 llevaron a cancelar la mayoría de los pedidos y sólo dejaron vigente el de 7 mil 800 toneladas por 145 millones de pesos.
Según las autoridades, Diconsa pagó el total del contrato cuando Carregin sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos, pero la proveedora sólo depositó 8 millones.
En este asunto, la FGR expuso que había decidido pedir las capturas y no el citatorio a una audiencia de imputación, porque existía una necesidad de cautela.
La lista
Estos son algunos de los funcionarios y particulares requeridos por la transa de Segalmex:
Funcionarios
– René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración de Segalmex.
Enfrenta dos procesos por la compra ilegal de certificados bursátiles por 100 y 700 millones de pesos, respectivamente.
– Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Liconsa.
– Carlos Antonio Dávila Amerena, ex director de Asuntos Jurídicos.
– José Rafael Domínguez Ortiz, ex subdirector de Tesorería General.
– Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de Control Presupuestal.
Particulares
– Hugo Gerardo Rosales Badillo
– Luis Fernando Morita Mora
– Fernando Hiram Zurita Jiménez
– Recibieron transferencias millonarias de Servicios Integrales Carregín, tras recibir los 145 millones de Segalmex.
