La Cámara de Diputados realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que extiende a 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, luego de que 20 Congresos locales avalaron las modificaciones al artículo quinto transitorio.
Crítico de la reforma impulsada por el PRI, el presidente de la Mesa Directiva -el panista Santiago Creel- evitó realizar la declaratoria debido a que sostiene un encuentro en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por lo que el trámite estuvo a cargo de la morenista Karla Yuritzi Almazán.
Durante los posicionamientos, en los que no tomó la palabra el tricolor, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, le recomendó a la mayoría en San Lázaro no cantar victoria, porque la militarización de la seguridad pública es la derrota del legado que el PRI le dejó al Estado mexicano: la separación del poder civil sobre el militar.
“Su victoria es la derrota de este histórico legado que le debemos fundacionalmente al General Lázaro Cárdenas”, afirmó.
El emecista advirtió que aún falta por agotar la vía judicial y anunció que agotarán todos los recursos a su alcance para defender el Artículo 21 de la Constitución, que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil.
Álvarez Máynez acusó un albazo de la mayoría, ya que el tema no estaba agendado en el orden del día y reiteró su crítica al PRI, por ser la única bancada de oposición que suscribió, junto con Morena, PT y PVEM, el oficio en el que se solicita su inclusión.
“Se circula un acuerdo del régimen, firmado por sus aliados que, por cierto, viene firmado por quien dice que no tiene pacto de complicidad con Morena, pero le firma todo, incluso lo que no pasa por la Jucopo y nosotros venimos a denunciar que esta reforma inició mal y sigue mal, de manera irregular, violando el procedimiento con albazos de principio a fin”, dijo en referencia a la firma de Rubén Moreira.
El petista Gerardo Fernández Noroña acusó al presidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago Creel, de ser el impulsor de la posición facciosa de su partido y como ejemplo indicó que Guanajuato votó en contra la reforma a pesar de que es la entidad más violenta y la que más homicidios da al País.
El panista Ricardo Villarreal le contestó que los cinco estados más violentos del País son Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora y Morelos y todos están gobernados por Morena.
Villarreal celebró que la declaratoria de constitucionalidad se realizara este martes cuando inicia la discusión del Presupuesto de Egresos 2023, porque esto obligará a la Cámara de Diputados a asignarle recursos al fondo creado por la reforma para fortalecer a las Policías civiles en los estados y municipios.
Recordó que los recursos considerados para este instrumento equivalen a 17 mil millones de pesos, que resultan de sumar las diferencias entre los presupuestos de 2022 y 2023 de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.
“Son cerca de 17 mil millones de pesos que tendremos que reasignar en las próximas horas para cumplir con la Constitución y cumplir con su palabra empeñada para poder hacer frente a este lastre que vive el País en materia de inseguridad”, señaló.
El morenista Juan Ramiro Robledo reiteró que la reforma no es violatoria del Artículo 21 constitucional, porque la extensión del uso extraordinario del Ejército en tareas de seguridad púbica se hizo sobre las mismas bases y alcances jurídicos que lo aprobado en 2019, cuando se creó la Guardia Nacional.
Robledo afirmó que, salvo excepciones, actualmente no hay Policía civil confiable, segura y eficiente, de ahí que el País tiene la necesidad de ocupar lo que la República tiene que es la fuerza militar, la cual calificó como bien armada, disciplinada, eficiente, especializada, jerárquicamente competente y disciplinada al poder civil.
El legislador afirmó que la estrategia de seguridad de este Gobierno ha empezado a funcionar, porque de acuerdo con cifras oficiales el crecimiento de la delincuencia se detuvo y ha comenzado a bajar, a comparación de Administraciones pasadas cuando los indicadores aumentaron y se acentuaron.
De acuerdo con la declaratoria que fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales, las modificaciones constitucionales fueron aprobadas por los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
