Una jueza federal admitió hoy a trámite una demanda de concurso mercantil de Unifin, arrendadora financiera que enfrenta deudas por cerca de 80 mil millones de pesos.
Olga Borja Cárdenas, Jueza Primera de Distrito Especializado en Concursos, admitió la petición de Unifin y ordenó al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles que designe a un visitador para revisar la situación financiera de la empresa.
En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Unifin confirmó que presentó la solicitud voluntaria de concurso para buscar la reestructura, en acuerdo con sus acreedores. La solicitud fue presentada desde el 3 de noviembre.
La jueza también dicto medidas cautelares para proteger los activos de Unifin e impedir nuevas demandas o actos de ejecución de los acreedores, pero aclaró que no cancela los embargos que existieran previamente.
Una vez que el visitador entregue su dictamen y el juez dicte la sentencia declarando a Unifin en concurso, se abrirá el periodo de un año para buscar el convenio de reestructura, y así evitar la quiebra y liquidación de la arrendadora.
Unifin anunció sorpresivamente en agosto el cese de los pagos a los tenedores de bonos de deuda que ha emitido y desde entonces ha estado tratando de negociar sin acudir a los tribunales, lo que finalmente no pudo evitar.
Este proceso es el más cuantioso de los últimos años, por monto de pasivos involucrados, dado que la reestructura de Grupo Aeroméxico, que abarcó más de 5 mil millones de dólares, se desahogó ante una corte de Nueva York.
Según sus ultimos estados financieros, al cierre de junio, Unifin debía 40 mil 515 millones de pesos a tenedores de deuda emitida en mercados internacionales, 10 mil 972 millones de pesos por líneas de crédito revolventes, 10 mil 82 millones de pesos por créditos con vencimiento y 17 mil 549 millones de pesos por bursatilizaciones, mientras que sus activos líquidos eran de 5 mil 305 millones de pesos.
La cartera de créditos, en tanto, era de 76 mil 158 millones de pesos, y dicha cartera es el principal activo de la empresa.
«No obstante, los avances logrados mediante diálogos constructivos con diversos de sus acreedores, de forma prioritaria y con el fin de proteger los activos de Unifin frente a procedimientos y acciones legales iniciados o amenazados en su contra, la compañía se vio obligada a anticipar su solicitud de declaración de concurso mercantil, conjuntamente con ciertas de sus subsidiarias, de conformidad con la legislación aplicable», explicó la empresa en su comunicado a la BMV.
«En este sentido, la administración de la compañía, con la previa opinión y autorización del Comité de Reestructura y su Consejo de Administración, consideró en el mejor interés de la compañía, sus acreedores y otros grupos de interés, la presentación del citado concurso mercantil, a efecto de proteger sus operaciones y activos y evitar la erosión de valor derivado de procesos litigiosos iniciados con intereses contrarios a una reestructura ordenada. La compañía tiene la intención de obtener la aprobación del Juzgado Concursal para que el crédito contra la masa sea implementado de forma exitosa y, por lo tanto, la compañía pueda contar con recursos líquidos durante su procedimiento de concurso», agregó.
El «crédito contra la masa» sería un nuevo financiamiento que daría liquidez a Unifin durante el concurso, pero el comunicado menciona que aún se están evaluando oportunidades para obtenerlo.
Si bien se pidieron medidas cautelares para todas las filiales, la jueza únicamente las concedió en favor de la matriz, porque las solicitudes de concurso de las subsidiarias fueron turnadas al Juzgado Segundo Especializado en Concursos, aparentemente por error, pues fueron presentadas el mismo día,
Dichas filiales son Unifin Credit y Unifin Autos, y el Juzgado Segundo ordenó hoy turnar los expedientes al Juzgado Primero.
Debido a que buena parte de la deuda esta colocada en el extranjero, es probable que Unifin tendrá que buscar la homologación de su concurso ante una corte de bancarrotas de Estados Unidos.
La decisión Unifin de ir a concurso contrasta con la de Credito Real, otro intermediario financiero no bancario, que en julio pasado optó por iniciar una polémica liquidación judicial bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, ante la imposibilidad de pagar deudas por 50 mil millones de pesos.
