Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, exhibió a la jueza federal que frenó por tiempo indefinido la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Está el caso de la juez Marla María Macias Lovera del Juzgado Noveno de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien en un primer momento había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue una reforma del Poder Legislativo.
“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Y esta juez, en un primer momento decretó la suspensión de un decreto mandado del poder legislativo, pues bien, esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional”, dijo.
No obstante, dijo Mejía, fue revocada esta suspensión y la jueza dictó una nueva resolución en la que estableció la suspensión definitiva del decreto que transfiere administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Sedena.
“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión.
“Si lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades, tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta jueves, pero si se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país”, agregó.
Este martes, la jueza Karla Macías impuso una multa de 9 mil 622 pesos a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por negarse a cumplir la suspensión definitiva concedida el pasado 24 de octubre, que frena la reforma para entregar el control de la GN a la Sedena.
La jueza advirtió a Rodríguez que, si insiste en su desacato, la multará con 19 mil 244 pesos y la denunciará ante la Fiscalía General de la República por el delito de violación a una suspensión.
La resistencia de la funcionaria, según Macías, constituye no sólo un desacato a la suspensión, sino a órdenes expresas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se acate la medida judicial.
La SSP alega que está obligada a cumplir las leyes emitidas por el Congreso, a menos que sean declaradas inconstitucionales, en referencia a la reforma legal del pasado 9 de septiembre para enviar a la GN a la Sedena.
Sostiene, además, que la suspensión concedida por la jueza “afecta el orden público y el interés social”, por lo que pidió que no se aplique, mientras un tribunal colegiado de circuito resuelve los recursos de revisión interpuestos por el Gobierno para impugnarla.
Sin embargo, la SSP ignora el hecho de que las suspensiones que dictan los jueces, tanto provisionales como definitivas, deben ser acatadas de inmediato por las autoridades, y están vigentes durante todo el tiempo que toma la revisión por los tribunales colegiados.
Sin facultades, dice AMLO
Más tarde, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la juez no tenía facultad para decretar la suspensión y aprovechó para arremeter, de nuevo, en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ha frenado proyectos de la 4T.
Criticó además al Congreso de Guanajuato, el cual no avaló la reforma militar impulsada por el Gobierno federal.
“Ahí está el famoso juez Gomez Fierro, el juez de competencia económica y todos a favor de las empresas, por eso yo pregunto qué hace el Consejo de la Judicatura??, porque esa es su función, cuidar el buen comportamiento de jueces, por ejemplo en este caso de las dos decisiones de jueces, la juez que concede un amparo para que no participe la guardia nacional en Guanajuato, de Irapuato.
“¿Quieren saber cómo estuvo Guanajuato? ayer en violencia, a ver, ahí donde votaron para que el Ejército y la Defensa y la Guardia no participen en materia de seguridad de los homicidios de ayer, a ver si los tienen ayer hubieron 64 homicidios en el país, miren Guanajuato, 14,22 % y acaban de votar que no participe ni el ejército ni Marina ni la Guardia Nacional y como si van a participar, porque una cosa son los jefes políticos de ultraderecha y otra cosa es el pueblo de Guanajuato,
“Ni modo que lo dejemos en estado de indefensión, pero no solo no votaron a favor de que participe el Ejército y Marina y la Guardia Nacional, no, ahora concediendo amparos para que no actúen, además, sin facultades de la juez”.
