Para darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las plataformas digitales extranjeras deben tener un representante legal, lo que obstaculiza su registro.
Desde junio de 2020, las empresas extranjeras que prestan servicios digitales en México por medio de aplicaciones deben pagar IVA por sus servicios.
«Sin embargo, se les pide un representante legal en México y es complicado que alguien acepte porque se vuelve responsable solidario en temas fiscales», dijo Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Esto significa que en caso de incumplimientos fiscales de las plataformas, el representante se vería afectado.
«Si al residente en el extranjero se le dice cuánto pagar y no lo hace, el responsable solidario tendrá que responder», mencionó.
En México hay 162 plataformas digitales extranjeras dadas de alta en el Régimen Federal de Contribuyentes (RFC), de las cuales 23 se inscribieron este año.
Tavares aclaró que el registro ante el SAT de estas plataformas es correcto porque el objetivo es que paguen impuestos; sin embargo, el pedir un representante legal complica la situación.
Isabel Albo, socia del despacho GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho fiscal, señaló que el requisito de representante legal provoca que las plataformas no terminen su registro en el RFC.
«Hay muchas plataformas que están a la mitad del proceso y no lo han terminado, eso no lleva a que existan pocas plataformas digitales», expresó.
A lo anterior se suma que un gran número de empresas aún desconoce que el SAT establece que deben enterar el IVA que cobran.
De acuerdo con ambos expertos, México tiene acuerdos para compartir información fiscal con autoridades de otros países, lo que podría servirle para monitorear a las plataformas digitales extranjeras y con ello no exigir que cuenten con un representante legal.
Para estas plataformas, también se pide que copia certificada del acta constitutiva de la empresa, otra que acredite su identificación fiscal del país de la que es residente, entre otros requisitos.
Sin embargo, de acuerdo con ambos expertos, México tiene acuerdos para compartir información fiscal con autoridades de otros países, lo que podría servirle para monitorear a las plataformas digitales extranjeras y con ello no exigir que cuenten con un representante legal.
