Javier Aparicio
Existen buenos y malos argumentos en torno a la iniciativa presidencial sobre la reforma electoral. Hay quienes dicen que ésta es inaceptable porque viene del Presidente y no de la oposición. Otros más aducen que ésta es inaceptable porque falta muy poco tiempo para el proceso electoral. Sin embargo, estos argumentos son débiles. Por extraño que parezca, un presidente bien podría proponer una reforma notoriamente democratizadora que generara un amplio consenso entre las fuerzas políticas del país. En ese caso, valdría la pena tomarle la palabra y apurar el paso.
Por lo tanto, la iniciativa presidencial debe evaluarse en sus propios términos, sin descalificarla a priori por su origen ni temporalidad. ¿Se está proponiendo una reforma realmente democratizadora? Por desgracia, no. Veamos por qué.
Comencemos con su diagnóstico inicial. Desde el punto de vista de la iniciativa presidencial, la transición democrática no ha ocurrido en México, no había democracia en el país hasta el triunfo de Morena en 2018, las autoridades electorales no son imparciales, están sesgadas en contra del partido en el gobierno y siguen capturadas por cúpulas partidistas dedicadas a organizar elecciones fraudulentas.
Desde ese punto de vista, desde luego que tendría mucho sentido hacer un “borrón y cuenta nueva” con todas las autoridades electorales y partir de cero. El problema de este diagnóstico es que es notoriamente falso: Morena no sólo consiguió el triunfo en la elección presidencial de 2018 —tras sendas reformas electorales que atendieron agravios pasados—, sino también amplias mayorías legislativas y ha acumulado ya más de veinte gubernaturas. ¿Cómo pudo ocurrir esto con un árbitro sesgado y fraudulento?
Ahora bien, dejando de lado aquel diagnóstico inicial falso, otro problema importante se encuentra en el remedio que se ofrece. Entre otras cosas, se propone la designación de autoridades electorales mediante el voto popular como remedio idóneo a lo que las y los gobernadores morenistas han llamado “arreglos cupulares o bajo la mesa de intereses particulares y complicidades que distorsionan la limpieza, la equidad, la justicia y la transparencia” de nuestra democracia.
Sin duda, la designación mediante cuotas partidistas es problemática. Sin embargo, este remedio es inadecuado por varias razones. Morena, el partido en el gobierno, cuenta con las mayorías legislativas necesarias para realizar una renovación escalonada, tanto en el INE como en el TEPJF. Si el gobierno no está conforme con las designaciones realizadas en el pasado —de las cuales ya ha sido partícipe desde 2018 al designar consejeros electorales y ministros en la Corte—, tiene en sus manos realizar mejores procesos de designación transparentes y justos.
En una democracia constitucional es fundamental que la integración de los cuerpos colegiados de las autoridades electorales, como el INE y el TEPJF, deban ser imparciales, suficientemente plurales, y que cuenten con el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas. Pues bien, resulta que la elección mediante voto directo no garantiza conseguir esta imparcialidad ni este consenso. Es por eso que, en la inmensa mayoría de las democracias del mundo, los jueces y árbitros se designan de manera indirecta. Si las Legislaturas del pasado han fallado en esta tarea, Morena tiene en sus manos hacerlo mejor ahora.
Diversas organizaciones y colectivos han convocado a una manifestación en diferentes ciudades del país para manifestarse en defensa del INE el domingo 13. El Presidente ha descalificado ya a la convocatoria y a quienes asistan. El INE no le pertenece a ningún partido, organización, consejero ni líder político en particular: es una institución del Estado mexicano, construida y fortalecida por todos los mexicanos, elección tras elección. Y, si está en riesgo, como yo creo que lo está con la reforma propuesta, todos quienes la valoramos deberíamos defenderla.
